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ESTADOS /OAXACA
vista para la vivienda y vender lotes de
120 metros a precios accesibles para los
colonos.
Gamboa Medina es uno de los personajes
que están siendo investigados por la
venta de notarías durante el gobierno de
Ulises Ruiz. De acuerdo con la averiguación
previa 1819/A.E.I./2009, radicada en
la Visitaduría General de la Procuraduría
de Oaxaca, serían nueve las notarías que
se habrían vendido a precios que fueron de
8 a 10 millones de pesos.
Mireles, en tanto, en lugar de fraccionar
los terrenos pidió a las familias que depositaran
en su cuenta bancaria los abonos
hasta saldar el adeudo; les advirtió que si
tenían un retraso les cobraría intereses y si
tardaban más de tres meses en depositar se
invalidaría el acuerdo. Para que se sintieran
seguros les daba una sencilla hoja firmada
por él y con el logotipo de su empresa,
Servicios Topográficos y Asesoría. Eso
era todo.
Juan Antonio Hernández, representante
de los defraudados, recuerda que el alcalde
Cruz Ramos les firmó una minuta en la que
se comprometía a entregarles los terrenos
por 55 mil pesos a pagar en 10 años. “A algunas
personas se les respetó ese acuerdo,
pero a otras les dieron cinco años. A noso-
tros nos decían: vayan a depositarle a este
señor Mireles, pero éste se encargaba de subirle
el precio (al lote) sin respetar el acuerdo.
Además era prestanombres porque utilizó
la maquinaria del municipio dizque
para urbanizar”.
El negocio le dio frutos de inmediato:
los lotes se agotaron y según cálculos extraoficiales
Mireles se embolsó 30 millones
de pesos sin ensuciarse las manos.
Mientras hacía negocios con la especulación
inmobiliaria, apoyado por las autoridades
municipales, el supuesto empresario
constructor mandó a las familias a ocupar
lotes de tres, cuatro y hasta cinco metros en
una zona en breña con la promesa de que
pronto les entregaría sus terrenos.
Sobre este pedazo de tierra, sin más drenaje
que el declive propio del cerro, donde
pululan serpientes, ratas e insectos venenosos,
comenzó a crecer una ciudad perdida
hecha de covachas que contrasta con la
opulencia de los hoteles de Huatulco.
“Vivimos en la miseria, como en cajas
de cigarros, uno encima del otro”, dice
molesto José Juan Briceño, albañil, al recordar
que cada una de las familias pagó
30 mil pesos por un terrenos de 120 metros
cuadrados en esta zona que era propiedad
de Fonatur y que está en una loma
Omar Gasga
a un kilómetro del exclusivo desarrollo turístico
de Huatulco.
El negocio impune
Creado en 1984 por decreto del presidente
Miguel de la Madrid como el gran proyecto
turístico de su sexenio, el desarrollo de Bahías
de Huatulco se ha rezagado al paso del
tiempo en comparación con Cancún, Nuevo
Vallarta, Ixtapa y otros destinos de playa.
A pesar de ello La Crucecita –población
creada ex profeso para dar espacio a
los trabajadores de Huatulco– creció y se
formaron asentamientos irregulares a su
alrededor.
En un intento por resolver este problema,
en 2003 el ayuntamiento le compró al
Fonatur 8.4 hectáreas, según consta en las
actas de la sesión extraordinaria del cabildo
firmada por el entonces presidente municipal
José Ifigenio Hernández Ramírez.
Con la llegada de las nuevas autoridades
municipales se organizó un padrón de asentamientos
irregulares para tener un censo de
la demanda y para 2004 comenzó el fraude
encabezado por Norberto Aragón Ogarrio,
concuño del recién elegido presidente municipal
José Humberto Cruz, quien junto con
Mireles se encargó de iniciar el proceso de
notarización y la venta de los terrenos, aun
cuando éstos no les habían sido entregados.
De acuerdo con documentación oficial,
en una sesión de cabildo del 15 de octubre
de 2004 se autorizó al presidente municipal
interino, Javier Cárdenas García –quien
sustituyó a José Humberto Cruz que a su
vez buscaba insertarse en el grupo de incondicionales
del gobernador Ulises Ruiz
y del legislador federal Héctor Pablo Ramírez
Puga; a la postre lo logró y obtuvo una
diputación–, a entregarle al ingeniero Mireles
las tierras que comprarían al Fonatur en
12 millones de pesos.
El 20 de mayo de 2005 se concretó la
compra de esta superficie y se firmó el contrato
en el cual el alcalde Cárdenas se comprometía
a pagar en tres exhibiciones (a lo
largo de un año) al Fonatur la deuda de 12
millones; la tierra se vendería en 61 lotes de
120 metros a 140 pesos el metro cuadrado,
con el fin de construir vivienda social.
A pesar de que no se pagó el adeudo,
Mireles siguió con la comercialización de
las ocho hectáreas donadas por el gobierno
federal.
A pesar de que Mireles y los funcionarios
del ayuntamiento no entregaron la
tierra prometida a los colonos, el 7 de mayo
de 2007 el Fonatur, dirigido entonces
por Eduardo Miguel Ángel Gómez Mont
Urueta –cesado el 29 de junio pasado por
un escándalo que protagonizó en el Mundial
de Sudáfrica–, entregó al municipio
otras 36.813 hectáreas para vivienda popular,
terreno valuado en 26 millones 933
mil 640 pesos.
1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010 37