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Octavio Gómez
Gutiérrez Vivó:
la persecución continúa
Autoexiliado en Estados Unidos desde
hace poco más de un año, el empresario
y periodista radiofónico José
Gutiérrez Vivó acusa al gobierno de
Felipe Calderón de haber ejercido una “censura
llevada al extremo”.
Asegura que fue víctima de la “la persecución
del poder” y responsabiliza de ello al
JENARO VILLAMIL
excoordinador de Comunicación Social de
la Presidencia, Maximiliano Cortázar; al secretario
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón;
a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores
de la Industria de la Radio (STIRT), encabezada
por Ricardo Acedo Samaniego, así como
a las autoridades del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de
Administración Tributaria (SAT).
En entrevista telefónica con Proceso,
Gutiérrez Vivó niega que haya solicitado asilo
político, “aunque tendría todo el derecho
por haber sido víctima de una persecución
del poder” que se agravó, asegura, desde
que en diciembre de 2006 denunció públicamente
que Cortázar le advirtió que él y su
empresa Monitor estaban “castigados”, y
que el gobierno federal estaría pendiente de
su comportamiento.
Gutiérrez Vivó señala que en el último encuentro
que sostuvo con Cortázar, actual vocero
de la dirigencia nacional del PAN, éste
le dijo que “al señor Aguirre no se le toca”, en
clara referencia a Francisco Aguirre Gómez,
directivo y accionista del Grupo Radio Centro,
con quien Gutiérrez Vivó protagonizó un
litigio de más de nueve años (Proceso 1651).
“Es públicamente sabido que al Grupo
Radio Centro lo han protegido estos funcionarios
del gobierno federal; no ha cumplido con
las leyes, a pesar de que perdieron los tres juicios
en su contra”, subraya Gutiérrez Vivó.
El 29 de junio de 2007, el periodista
anunció el fin de 33 años de transmisiones
ininterrumpidas de Monitor, programa radiofónico
que innovó la información política
y se mantuvo durante varios lustros como el
más escuchado del cuadrante mexicano.
mez Mont “no estaba participando en las
discusiones de ese programa. Los representantes
de la PGR son de bajo nivel. Es un
indicador de la importancia que el gobierno
otorga a los derechos humanos. No se ve
el compromiso de colocar la defensa de tales
garantías a nivel de una política de Estado.
No existe la voluntad política que se requiere
para realizar los cambios”.
–¿Nota diferencia entre los gobiernos
panistas y el antiguo régimen priista en la
forma de abordar la temática de los derechos
humanos
–Ha habido grandes cambios. La ley de
transparencia fue un avance tremendo si tomamos
en cuenta que el Estado mexicano ha
sido tradicionalmente opaco. En la época de
los presidentes Carlos Salinas de Gortari y
Ernesto Zedillo hubo claroscuros, pero hubo
avances importantes como la creación de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH). Con el PRI, la política de
derechos humanos la manejaba la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE): la imagen
en el exterior era lo que importaba. Hace 15
años la Secretaría de Gobernación era una
institución distinta: era imposible que ella, a
nivel de política interior, asumiera la política
de derechos humanos, como se planteó con
la ley de transparencia.
En ese sentido, señala Knox, “ha habido
una evolución positiva”, pero actualmente
“el país está en un proceso lento de
marcar su nivel de compromiso con los derechos
humanos”.
“La inversión política en la cuestión es
algo que únicamente se percibe en los resultados,
los cuales, hasta ahora, han sido
decepcionantes. Hay un discurso gubernamental
que es positivo, pero no se ve con
claridad si éste va más allá y enfrenta los
problemas para impulsar los cambios sustanciales
necesarios”.
El factor militar
Knox. Informes
Eduardo Miranda
Al experto se le comenta que el gobierno
de Calderón depende de las fuerzas de seguridad
para enfrentar, por ejemplo, al narcotráfico.
Se le pregunta entonces en qué
medida puede controlarlas para que no cometan
abusos a los derechos humanos.
Knox expone: “El problema más grave
en México no es que un agente de seguridad
o un militar cometa tales abusos, sino
que las posibilidades de ser denunciados y
llevados ante la justicia son muy escasas.
Los mecanismos de rendición de cuentas
a escala federal, estatal o municipal, deben
garantizar una investigación imparcial para
determinar responsabilidades: es el elemento
fundamental para imponer un control
sobre esas fuerzas. En ese sentido la
jurisdicción militar continúa siendo un instrumento
para perpetuar la impunidad de
los soldados, puesto que no garantiza tal
imparcialidad de las investigaciones en casos
de violaciones a los derechos humanos.
–AI lleva años haciendo ese diagnóstico
en sus informes, y las violaciones en
México a los derechos humanos han aumentado
por parte de policías y soldados…
–La razón es evidente: el despliegue
mucho más amplio del Ejército en un contexto
que el propio gobierno de Calderón
llama ‘una guerra’. Su participación activa
en funciones de seguridad pública contra
el crimen organizado expone a los soldados
a situaciones donde pueden cometer
con más probabilidad esas violaciones. La
pregunta es: ¿el aumento de las denuncias
está ayudando a imponer un control civil
de forma adecuada a los militares La respuesta
es que no.
24 1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010