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los deudos de los mineros fallecidos en Pasta
de Conchos, Coahuila, en acciones realizadas
con pocas horas de diferencia.
Continuaron las condenas por los
desalojos y forzaron al Estado mexicano a
reabordar el caso Pasta de Conchos, que a
base de manipulaciones informativas Lozano
declaraba cerrado por decisión, precisamente,
de la OIT, cuando en realidad el organismo está
forzando al gobierno a retomarlo en octubre,
recuerda Carlos Rodríguez.
Fue en esos primeros días de junio
cuando el desprestigio ante el mundo
alcanzó su momento cumbre, de manera
que durante el Mundial de Sudáfrica los
sindicatos de ese país convocaron a
protestar durante los juegos de la Selección
Mexicana por el “terrorismo generado por
el gobierno fascista y contrarrevolucionario”
de Felipe Calderón.
“En más de 100 países donde se nos
ha expresado solidaridad y apoyo se sabe
que el gobierno mexicano agrede, persigue
y amenaza para ayudar a operaciones
empresariales criminales que han asesinado
a trabajadores en Pasta de Conchos,
Fresnillo, Lázaro Cárdenas y Cananea.
“La OIT ha condenado al gobierno de
México por su falta de capacidad hacia
el diálogo, por su incompetencia. La
presión internacional ha tenido un efecto
directo, aunque el presidente y su gabinete
aparenten oídos sordos e insensibles a esta
presión”, dice Gómez Urrutia.
Para Carlos Rodríguez la presión
internacional es una de las razones por las
que se abrió el dialogo con el SME y con el
sindicato minero.
“Hay un trabajo intenso en la OIT,
señalando la falta de criterio del gobierno
mexicano para abordar Cananea, Pasta de
Conchos y el caso del SME. Los intentos
del secretario del Trabajo por defenderse en
los comités, fracasaron.
“Yo creo que el Estado está tratando de
salirle al paso al descrédito internacional
El nuevo interlocutor
Benjamin Flores
y al costo de imagen que le acarrean sus
posturas, que se describen con el título del
último informe del Cereal: en México hay
una violencia laboral de Estado”, sentencia.
Laberinto jurídico y discursivo
Entre la noche del 6 y la mañana del 7 de
junio pasados, la PF y la Policía Estatal
Investigadora (PEI) tomaron el control del
viejo fundo minero de Cananea, Sonora. Las
acciones se iniciaron con el ingreso de un
grupo de golpeadores que causaron estragos.
Luego las policías entraron y desalojaron hasta
el hospital Ronquillo, aledaño a la mina.
Entre varios atropellos a la población,
cateos ilegales y agresiones en que los
trabajadores no opusieron resistencia, el
operativo de desalojo fue celebrado por
Gómez Mont y Javier Lozano, quienes junto
con la empresa y el gobierno de Sonora
anunciaron un programa para reactivar la
región, responsabilizando a los huelguistas
de la miseria.
“Todos por Cananea”, según el
gobernador sonorense Guillermo Padrés,
implicaría una inversión de 113 mil millones
de pesos, declaró el 7 de junio, para corregir
al día siguiente que será por 58 mil millones:
apenas 382 millones de su gobierno; 2 mil
595 del gobierno federal, y el resto del Grupo
México. Más tarde se descubriría que no hay
partida presupuestal federal autorizada por
el Congreso para esos efectos.
Luego de haber dado un “saldo blanco”,
Gómez Mont sostuvo en la ceremonia de
aniversario de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos que los daños en la
mina dieron lugar a la decisión de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA),
que fue ratificada por tribunales, informó
Notimex el 7 de junio.
Con ello el desalojo quedó ante la
opinión pública como resultado del laudo
del expediente IV-61/2009, del 14 de abril
de 2009, en el que se dieron por terminadas
las relaciones laborales “por causas de
fuerza mayor, no imputables a la empresa”,
consistentes en daños a la mina por los
huelguistas.
Ese mismo 14 de abril, la JFCA había
declarado legal la huelga en el expediente
RT 2381/2007, laudo al que se le sacó la
vuelta permitiendo que el Grupo México
iniciara otro proceso laboral ante la Junta
Federal, que el pasado 4 de junio declaró
la huelga sin sustento y que se encuentra
actualmente en revisión.
Lo que nunca explicaron Gómez Mont,
Lozano Alarcón ni el Grupo México sobre el
desalojo del 6 de junio es que la motivación
legal de la ocupación fue para una diligencia
de cuantificación de daños ordenada por
un agente del Ministerio Público federal,
sustentado por otro proceso iniciado por la
vía penal por el Grupo México y no por el
laudo del viernes 6 de junio que, por cierto,
no es firme y se encuentra en revisión.
De hecho la diligencia ministerial se hizo
pública el 8 de junio, cuando gobiernos y
empresa inundaban los medios con “Todos
por Cananea”.
Luis Chávez, abogado del sindicato
minero, sostiene que esa acción entonces
y ahora “carece de toda lógica jurídica e
implica un montaje para violentar el derecho
de huelga”.
La versión del abogado fue confirmada
por el primer visitador de la Comisión de
Derechos Humanos de Sonora, Aldo René
Caracco, quien sin embargo, por cuestiones
de competencia, no tuvo acceso a las
órdenes de la PF.
Este semanario obtuvo la versión de
policías federales que, inconformes por las
condiciones de su asignación a Cananea,
relataron que para el operativo tenían un
oficio que les ordenaba restablecer el orden
público, no practicar un desalojo, y que se
les engañó diciéndoles que “la mina era
propiedad de la Nación”.
El amparo obtenido por los trabajadores
el 11 de agosto se obsequió precisamente
tomando en cuenta las declaraciones de la
Procuraduría General de la República y de la
Secretaría de Seguridad Pública federal, en
las que confirmaron, en un juicio de amparo
previo, que el operativo no era de desalojo,
sino sólo una diligencia ministerial.
La noche del 11 de agosto el juzgado
noveno de distrito, con sede en Agua
Prieta, concedió un amparo a la Sección 65
del SNTMMSRM contra el desalojo de las
instalaciones realizado por la PF el pasado
6 de junio.
Horas antes, el secretario de
Gobernación, Francisco Blake, el
subsecretario Roberto Gil y el gobernador
de Sonora, Guillermo Padrés, habían
acordado establecer una mesa de diálogo
con la Sección 65, según informó el
secretario de Gobierno sonorense, Héctor
Larios Córdova, y confirmó a Proceso
Napoleón Gómez Urrutia.
La STPS reaccionó con un comunicado
en el que afirma que el amparo carece de
efecto, basándose en el lenguaje y no en el
fondo, pues advierte que en la reclamación
de la Sección 65 se establecía que pedían
el amparo “contra cualquier intento de
desalojo”, pero éste ya se hizo y no está por
hacerse. Además insistió en que el desalojo
era por el fin de las relaciones laborales.
Contra lo dicho por Lozano, una nueva
audiencia del amparo, celebrada el viernes
13, confirmó la suspensión provisional
contra el desalojo, mientras los huelguistas
y sus familias ingresaron a la mina desde
el día anterior, donde aun permanecían
algunos policías federales.
30 1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010