ESCRITOS REUNIDOS - Salta

99Cualquier mejora de la competitividad exige inexcusablemente la reducción de los gastos de lasadministraciones públicas, para cubrir los objetivos de deuda y déficit públicos previstos. Sinembargo, la actual recesión económica y las muy débiles perspectivas de mejoramiento a cortoplazo hacen muy difícil ajustar a la baja el llamado “gasto social” (en especial, el constituidopor los subsidios y otras ayudas para las personas en riesgo de exclusión), que por el contrariotenderá previsiblemente a crecer en lo inmediato.Ni las jubilaciones/pensiones ni los grandes servicios sociales (educación y sanidad) tienencapacidad de reducir rápidamente y de forma drástica sus gastos; los gastos educativos desde elpunto de vista de la formación del “capital humano”, son el principal activo para el desarrollo deun país. En nuestra realidad, el tamaño institucional del sector público está directamentevinculado a la colocación de los cuadros de los partidos políticos. El costo político de noocupar tantos cargos en la administración pública sería inaceptable para las elites políticas y, portanto, éstas no acometerían las reformas necesarias, aunque la sociedad pagara a corto plazo lasconsecuencias de no hacerlo, con el consiguiente descenso de su nivel de desarrollo económico,del bienestar social y de la estabilidad política. Es un lastre para el desarrollo social yeconómico de cualquier país la duplicación y redundancia de servicios públicos y estructurasadministrativas en las administraciones públicas territoriales; la no aplicación generalizada deprocedimientos para medir la eficiencia en la asignación de los recursos y en las inversiones delsector público en sus distintos ámbitos (sobre todo en infraestructuras) o la no introducción demínimos principios de competencia entre las universidades y centros públicos de investigación,son sólo ejemplos del ineficiente uso de los recursos públicos.Las reformas sólo podrán hacerse por medio de un pacto político. La formación de losciudadanos, tanto en los valores individuales y sociales como en el terreno del conocimientohumanístico y científico, es, pues, una condición indispensable para el correcto funcionamientode las instituciones del Estado constitucional y la participación democrática.Hay bastante mediocridad de las capas dirigentes y gobernantes, incapaces, por tanto, dedesempeñar eficazmente su papel social y político. La financiación tendría ante todo quedepender de sus resultados productivos, académicos, técnicos y científicos y de su eficacia en lagestión exigiendo además resultados exitosos para su permanencia.Como es lógico, para obtener desarrollo hay que abordar una mejora de la competitividad de lasociedad en el campo científico y técnico. Lo que en ningún modo significa olvidar su profundadimensión ética y cívica, dirigida a contribuir a la adecuada formación de las elitesindispensables para el buen funcionamiento del país como sociedad democrática, y no sólocomo Estado con instituciones democráticas.