Bancada <strong>para</strong>militarÉdgar TéllezBOGOTÁ.- Arleth Casado nunca habíaparticipado en una elección popular.Lo hizo por primera vez el domingo14, cuando fueron elegidos 102 senadoresy 166 representantes a la Cámara, enla jornada electoral más tranquila de los últimos25 años en Colombia.Y no le fue nada mal porque obtuvo 111mil 752 votos que la convirtieron en senadorade la República, así como en la candidatacon la mayor votación del Partido Liberal.La llegada de Arleth Casado al Congresode Colombia está marcada por un hechosingular: es la esposa del excongresista JuanManuel López Cabrales, un poderoso dirigentepolítico del departamento de Córdoba,al noroccidente del país, condenado asiete años de cárcel por sus relaciones con el<strong>para</strong>militarismo.En noviembre de 2008, López fue halladoculpable por la Corte Suprema de Justicia,tras comprobar que en 2001 había participadocon otros 12 políticos regionales enuna cumbre convocada por las AutodefensasUnidas de Colombia (AUC), la principal organización<strong>para</strong>militar del país. En esa reunión,los asistentes firmaron el llamado Pactode Ralito, una especie de alianza político militarcontra las guerrillas. También se demostróque López estableció acuerdos con el hoyextraditado Salvatore Mancuso, quien fuejefe de las AUC.El caso de Arleth Casado es ilustrativode un fenómeno conocido en Colombia co-40 1742 / 21 de marzo de 2010mo “<strong>para</strong>políticos en cuerpo ajeno”. Se tratade dirigentes que se encuentran en la cárcelo son procesados por la justicia debido asus nexos con <strong>para</strong>militares, y a pesar de elloconsiguieron mantener su poder regional allograr que en las elecciones del domingo 14sus parientes y allegados resultaran electos.Desde mediados de 2009, cuando lospartidos políticos pre<strong>para</strong>ban sus listas <strong>para</strong>las elecciones legislativas de marzo de 2010,diversas ONG, analistas políticos y editorialesde los diarios más importantes del país advirtieronque podría darse esta situación.Una de las primeras en prender las alarmasfue la ONG Vote bien, que en febreropasado publicó en su página de internet:“De los casi más de 270 congresistas elegidoshace cuatro años, más de 80fueron destituidos o están siendoinvestigados por la posible comisiónde diversos delitos. Lo triste esque corremos el riesgo de que esepoder tan cuestionado salga reelegidocasi intacto en las eleccionesde marzo próximo”.El 20 de enero pasado, la ONGMisión de Observación Electoral(MOE) envió una carta al jefe delPartido Liberal, y a la vez candidatopresidencial de ese instituto político,Rafael Pardo, en la que le pidió“reconsidere el otorgamiento delaval a la señora Casado de López,como muestra de su compromisowww.arlethsiemprecontodos.comAP photo / Marcelo Salinasineludible con la celebración de unas eleccioneslibres, transparentes y sin la intervenciónde los grupos armados ilegales”.Sin embargo, Pardo se negó a retirarleel apoyo a la candidata al Senado; por elcontrario, respondió que en 2006, cuandoJuan Manuel López fue elegido congresistacon 145 mil votos, no recibió apoyo delos <strong>para</strong>militares. Ante esta posición, ClaudiaLópez, influyente analista política e integrantede la ONG La Silla Vacía se preguntó:“¿Sacrificó Pardo sus esfuerzos de renovacióndel partido por 150 mil votos, o tienerazón en defenderla?”.Por aquellos días, la MOE también enviómensajes a los candidatos presidencialesJuan Manuel Santos, del partido de la U,y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical,<strong>para</strong> que no avalaran las candidaturas deRaimundo Méndez, apoyado por ReginaldoMontes –condenado por <strong>para</strong>política–, y deAntonio Guerra de la Espriella, investigadopreliminarmente en la Corte Suprema por elmismo delito.Al igual que ocurrió con el Partido Liberaly la candidata Casado, los jefes partidistasmantuvieron en sus listas a esos candidatos.Las advertencias no surtieron efecto ynumerosos herederos de <strong>para</strong>políticos fueronelegidos al parlamento colombiano.Además de Arleth Casado, también llegaránal congreso representantes de casi todos lospartidos.Ultraderecha en augeEn la jornada electoral del domingo tambiénresultó electa –con 48 mil votos– Teresa GarcíaRomero, hermana del exsenador ÁlvaroGarcía Romero. Este poderoso cacique políticodel departamento de Sucre fue condenadoel pasado 24 de febrero a 40 años deprisión por su responsabilidad en la matanzade 15 campesinos del caserío de Macayepo,ejecutada por <strong>para</strong>militares en octubrede 2000.Sin embargo, durante su campaña, Teresainsistió en presentarse como “una candidatacon una hoja de vida intachable en elsector público y privado que me permite te-Arleth Casado. “En cuerpo ajeno”
I NTERNACIONAL /ESPAÑAner la responsabilidad histórica de llevar larepresentación de nuestro proyecto”.En los círculos políticos se pone especialatención a la abultada cantidad de votosque acaparó el Partido de IntegraciónNacional (PIN). Este movimiento surgió ennoviembre de 2009 y albergó en su seno anumerosos dirigentes políticos que sobrevivierona la purga que puso en la cárcel apor lo menos ocho congresistas de los movimientosConvergencia Ciudadana y laAlianza Democrática Nacional (ADN).El PIN fue fundado –desde su celdaen la cárcel La Picota de Bogotá– por elexcongresista del departamento de Santander,Luis Alberto Gil, condenado porla Corte Suprema debido a sus nexos congrupos de autodefensa. Pese a los cuestionamientos,en diciembre pasado ese partidorecibió la autorización del Consejo NacionalElectoral <strong>para</strong> conformar listas deaspirantes al Senado y la Cámara.En los comicios del domingo 14, el PINobtuvo cerca de 600 mil votos; es decir6.8% del total de los sufragios, con lo quese constituyó en la cuarta fuerza electoraldel país. Con este caudal el movimientogarantizó la llegada al Congreso de, por lomenos, ocho senadores y una veintena derepresentantes a la Cámara.Por el PIN llegará al Senado Héctor JulioAlfonso, quien acaparó 69 mil 734 sufragios.Es hijo de la controvertida empresariade juegos Enilce López, conocidacomo La Gata, investigada en la Corte Supremapor sus nexos con grupos <strong>para</strong>militaresde la zona norte de Colombia.Así, mientras la Registraduría terminael recuento de los votos en todo el país<strong>para</strong> dar a conocer la conformación finalde la nómina de senadores y representantesen los próximos cuatro años, las ONG,los analistas y los medios de comunicaciónsiguen en su tarea de señalar que en esteproceso electoral al menos 80 aspirantessaldrán elegidos por los <strong>para</strong>políticos queejercieron su poder desde la cárcel.En entrevista con Proceso, Jorge Rojas,de la MOE, asegura que los resultadoselectorales evidencian la continuidad de la<strong>para</strong>política en el Congreso colombiano,toda vez que se mantuvieron los porcentajesde los excongresistas hoy investigadoso encarcelados. “Por los resultados conocidoshasta ahora creo que al final de esteproceso los votos heredados por la <strong>para</strong>políticaascenderán a 2 millones”, sostiene.Agrega que hace cuatro años fue evidentela coacción armada <strong>para</strong> forzar los comicios,y en esta ocasión hubo grandes caudalesde dinero <strong>para</strong> comprar los sufragios.“Si el Congreso que está por terminarfue incapaz de legislar <strong>para</strong> sancionar a loscongresistas o partidos comprometidoscon grupos armados ilegales, es muy probableque los nuevos legisladores procedanigual”, sostiene. ●Chávez. SeñalamientosPero en una conferencia de prensa conjuntacon la canciller alemana Ángela Merkel,Zapatero dijo que pediría “explicaciones”al gobierno venezolano, aunqueMoratinos rectificó después, aclarando quele pediría “información”.Hugo Chávez no aguantó más: “No tengonada que explicar” a Zapatero, “ni a nadie”,estalló, y exigió al presidente españolque respete “la soberanía” de Venezuela.Chávez estaba en Montevideo, en la tomade posesión de José Mújica. Ahí declaróque la acusación es “temeraria, sin una solaprueba”, sostuvo que se trataba de “señalamientosinfames e inaceptables”, y los tildóde “tristes restos de la época colonial española”.A la “Real” Audiencia Nacional lacriticó porque sería capaz de considerar “terroristaincluso al libertador Simón Bolívar”.En España, el Partido <strong>Popular</strong> (PP)la pescó al vuelo: el líder Mariano Rajoyexigió a Zapatero “poner en su lugar” aChávez; no faltaron quienes pidieron reconsiderarel mantenimiento de las relacionesdiplomáticas o llamar a cuentas alembajador venezolano en España.El sábado 6, ambos gobiernos trataronde zanjar el diferendo mediante un comunicadoconjunto en el que expresan “sumás enérgica condena al terrorismo en todassus formas y manifestaciones”. En esetexto, Venezuela desmintió las imputacionesdel auto judicial.Sin embargo, poco antes de hacersepúblico el comunicado conjunto, el cancillervenezolano acusó al juez Velasco deser parte “de la mafia” del expresidenteJosé María Aznar. Chávez lo secundó, díasdespués: acusó a la “prensa de derecha española”de estar está empeñada en dañarlas relaciones bilaterales, y reprochó a Zapateroque defienda a Aznar, “que es unmafioso, apoyó el golpe de Estado aquí”,el 11 de abril de 2002.La Moncloa, el PP y el Consejo Generaldel Poder Judicial defendieron la actuacióndel juez Velasco. En medio de la polémica,el 7 de marzo, el periodista español PascualSerrano difundió fotografías del juez Velascocuando era director general de Justicia dela Generalitat Valenciana, en un acto del 21de febrero de 2000, cuando él y el presidentedel gobierno local, Eduardo Zaplana, recibierona Raúl Reyes junto con una delegaciónde alto nivel de las FARC. Zaplana, unhombre cercano a Aznar, designó en ese cargoa Velasco, donde permaneció hasta 2003.El 15 de de marzo, el juez Velasco cursóórdenes internacionales de detencióncontra los seis presuntos etarras y seis supuestosmiembros de las FARC, entre ellosRodrigo Granda Escobar, consideradomiembro del Estado Mayor de la guerrillacolombiana, <strong>para</strong> procesarlos por compartirinformación sobre el manejo de explosivose intentar cometer varios asesinatos enEspaña, entre ellos el del presidente de Colombia,Álvaro Uribe, de su antecesor AndrésPastrana, y de la exembajadora de esepaís en Madrid, Noemí Sanín Posada. Elgobierno de España envió el auto a Venezuelay a Cuba, donde se presume viven variosde los implicados.Asunto gabardinaPor instrucciones de Édgar Gustavo NavarroMorales, El Mocho, el miembro de lasFARC Víctor Ramón Vargas Salazar, Chato,visitó España el 8 de marzo de 2000 yel 30 de septiembre del mismo año, conla intención de “hacer vigilancias sobre laembajada de Colombia y controlar los itinerariosque realizaba el expresidente colombianoAndrés Pastrana”, e informó asus jefes que “no sería difícil atentar contraesos dos objetivos siempre que se contasecon la ayuda de ETA”.AP photo / Victor R. Caivano1742 / 21 de marzo de 2010 41