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I NTERNACIONAL /ESPAÑAner la responsabilidad histórica de llevar larepresentación de nuestro proyecto”.En los círculos políticos se pone especialatención a la abultada cantidad de votosque acaparó el Partido de IntegraciónNacional (PIN). Este movimiento surgió ennoviembre de 2009 y albergó en su seno anumerosos dirigentes políticos que sobrevivierona la purga que puso en la cárcel apor lo menos ocho congresistas de los movimientosConvergencia Ciudadana y laAlianza Democrática Nacional (ADN).El PIN fue fundado –desde su celdaen la cárcel La Picota de Bogotá– por elexcongresista del departamento de Santander,Luis Alberto Gil, condenado porla Corte Suprema debido a sus nexos congrupos de autodefensa. Pese a los cuestionamientos,en diciembre pasado ese partidorecibió la autorización del Consejo NacionalElectoral para conformar listas deaspirantes al Senado y la Cámara.En los comicios del domingo 14, el PINobtuvo cerca de 600 mil votos; es decir6.8% del total de los sufragios, con lo quese constituyó en la cuarta fuerza electoraldel país. Con este caudal el movimientogarantizó la llegada al Congreso de, por lomenos, ocho senadores y una veintena derepresentantes a la Cámara.Por el PIN llegará al Senado Héctor JulioAlfonso, quien acaparó 69 mil 734 sufragios.Es hijo de la controvertida empresariade juegos Enilce López, conocidacomo La Gata, investigada en la Corte Supremapor sus nexos con grupos paramilitaresde la zona norte de Colombia.Así, mientras la Registraduría terminael recuento de los votos en todo el paíspara dar a conocer la conformación finalde la nómina de senadores y representantesen los próximos cuatro años, las ONG,los analistas y los medios de comunicaciónsiguen en su tarea de señalar que en esteproceso electoral al menos 80 aspirantessaldrán elegidos por los parapolíticos queejercieron su poder desde la cárcel.En entrevista con Proceso, Jorge Rojas,de la MOE, asegura que los resultadoselectorales evidencian la continuidad de laparapolítica en el Congreso colombiano,toda vez que se mantuvieron los porcentajesde los excongresistas hoy investigadoso encarcelados. “Por los resultados conocidoshasta ahora creo que al final de esteproceso los votos heredados por la parapolíticaascenderán a 2 millones”, sostiene.Agrega que hace cuatro años fue evidentela coacción armada para forzar los comicios,y en esta ocasión hubo grandes caudalesde dinero para comprar los sufragios.“Si el Congreso que está por terminarfue incapaz de legislar para sancionar a loscongresistas o partidos comprometidoscon grupos armados ilegales, es muy probableque los nuevos legisladores procedanigual”, sostiene. ●Chávez. SeñalamientosPero en una conferencia de prensa conjuntacon la canciller alemana Ángela Merkel,Zapatero dijo que pediría “explicaciones”al gobierno venezolano, aunqueMoratinos rectificó después, aclarando quele pediría “información”.Hugo Chávez no aguantó más: “No tengonada que explicar” a Zapatero, “ni a nadie”,estalló, y exigió al presidente españolque respete “la soberanía” de Venezuela.Chávez estaba en Montevideo, en la tomade posesión de José Mújica. Ahí declaróque la acusación es “temeraria, sin una solaprueba”, sostuvo que se trataba de “señalamientosinfames e inaceptables”, y los tildóde “tristes restos de la época colonial española”.A la “Real” Audiencia Nacional lacriticó porque sería capaz de considerar “terroristaincluso al libertador Simón Bolívar”.En España, el Partido Popular (PP)la pescó al vuelo: el líder Mariano Rajoyexigió a Zapatero “poner en su lugar” aChávez; no faltaron quienes pidieron reconsiderarel mantenimiento de las relacionesdiplomáticas o llamar a cuentas alembajador venezolano en España.El sábado 6, ambos gobiernos trataronde zanjar el diferendo mediante un comunicadoconjunto en el que expresan “sumás enérgica condena al terrorismo en todassus formas y manifestaciones”. En esetexto, Venezuela desmintió las imputacionesdel auto judicial.Sin embargo, poco antes de hacersepúblico el comunicado conjunto, el cancillervenezolano acusó al juez Velasco deser parte “de la mafia” del expresidenteJosé María Aznar. Chávez lo secundó, díasdespués: acusó a la “prensa de derecha española”de estar está empeñada en dañarlas relaciones bilaterales, y reprochó a Zapateroque defienda a Aznar, “que es unmafioso, apoyó el golpe de Estado aquí”,el 11 de abril de 2002.La Moncloa, el PP y el Consejo Generaldel Poder Judicial defendieron la actuacióndel juez Velasco. En medio de la polémica,el 7 de marzo, el periodista español PascualSerrano difundió fotografías del juez Velascocuando era director general de Justicia dela Generalitat Valenciana, en un acto del 21de febrero de 2000, cuando él y el presidentedel gobierno local, Eduardo Zaplana, recibierona Raúl Reyes junto con una delegaciónde alto nivel de las FARC. Zaplana, unhombre cercano a Aznar, designó en ese cargoa Velasco, donde permaneció hasta 2003.El 15 de de marzo, el juez Velasco cursóórdenes internacionales de detencióncontra los seis presuntos etarras y seis supuestosmiembros de las FARC, entre ellosRodrigo Granda Escobar, consideradomiembro del Estado Mayor de la guerrillacolombiana, para procesarlos por compartirinformación sobre el manejo de explosivose intentar cometer varios asesinatos enEspaña, entre ellos el del presidente de Colombia,Álvaro Uribe, de su antecesor AndrésPastrana, y de la exembajadora de esepaís en Madrid, Noemí Sanín Posada. Elgobierno de España envió el auto a Venezuelay a Cuba, donde se presume viven variosde los implicados.Asunto gabardinaPor instrucciones de Édgar Gustavo NavarroMorales, El Mocho, el miembro de lasFARC Víctor Ramón Vargas Salazar, Chato,visitó España el 8 de marzo de 2000 yel 30 de septiembre del mismo año, conla intención de “hacer vigilancias sobre laembajada de Colombia y controlar los itinerariosque realizaba el expresidente colombianoAndrés Pastrana”, e informó asus jefes que “no sería difícil atentar contraesos dos objetivos siempre que se contasecon la ayuda de ETA”.AP photo / Victor R. Caivano1742 / 21 de marzo de 2010 41