Reflexiones iusfilosóficas de una decisión judicial - Tribunal ...

Comentariosa las sentenciasdel TEPJFjurídicas centrales. Muy lejos queda todo atisbo de juridicismoo insularismo jurídico, pues el Tribunal necesariamente se introduceen un mundo lleno de “impurezas” jurídicas y cargadode dimensiones axiológicas. Ya destacamos la diferenciaciónque advierte la sentencia entre el derecho genérico de accesoa la jurisdicción previsto en el artículo 17 constitucional y el másespecífico contemplado para los pueblos indígenas en el artículo2 del mismo texto, pues éste incluye el derecho a que setomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturalesconstitucionalmente compatibles y a ser asistido por intérpretesy defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.Precisamente agrega la sentencia que en éstos “dos derechosespecíficos es posible advertir, que la finalidad atiende en últimainstancia a las condiciones fácticas en que se hallan los indígenas,y que de manera tradicional han obstaculizado el ejerciciode sus derechos individuales y ciudadanos, en particular el deacceso a la justicia impartida por el aparato estatal, exclusión odificultad que se estima es posible revertir mediante la especialconsideración de sus prácticas comunitarias y, en general, consu cosmovisión de la vida, reflejada en sus particularidadesculturales…”. De esa manera es fácil concluir que el jurista nopuede reducir su mirada a las normas, sino que a los fines deuna comprensión jurídica exhaustiva, completa, teleológica yaxiológica debe enriquecerla con aportes de la cultura y la sociología.Se le pide al jurista que encuentre en el derecho medidasque faciliten el acceso de los pueblos indígenas a la justicia dela “mejor manera” y, consiguientemente, romper cierta perspectivatradicional en ellos; lo cual ponía distancia y desconfianzarespecto a la función jurisdiccional estatal.La sentencia entiende, sin duda alguna, que el artículo 2(apartado A, fracción VIII) de la Constitución General tieneaplicación en la jurisdicción electoral estatal, sin que seaobstáculo para ello que la Ley General del Sistema de Mediosde Impugnación en Materia Electoral “no haya sido reformada42