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E/CN.4/2006/6/Add.2 page 38 165. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, esta recomendación sigue siendo pertinente y sin cumplir por parte del Estado mexicano. 166. El Gobierno informó, que el 17 de noviembre de 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expidió la “Recomendación General No. 10 Sobre la Práctica de La Tortura”, dirigida a los Procuradores General de la República, de Justicia Militar y de Justicia de las Entidades Federativas, así cómo a los Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales de Seguridad Pública Federal y de las Entidades Federativas. La recomendación séptima de dicho documento apela a las autoridades a que: “A fin de garantizar una mayor imparcialidad y objetividad en el trabajo de los peritos médicos, proporcionar a dichos servidores públicos equipos de video-grabación y audio que respalden los procedimientos de revisión médica, así como las diligencias de interrogatorios realizadas por el Ministerio Público, o bien, permitir que el defensor del detenido realice dicha grabación”. 167. La recomendación d) dice: No debe considerarse que las declaraciones hechas por los detenidos tengan un valor probatorio a menos que se hagan ante un juez. 168. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría cumplido esta recomendación. Las confesiones ministeriales siguen siendo pruebas fundamentales en las investigaciones y procesos penales aunque en el proyecto de Reforma sobre Justicia y Seguridad enviado por el Presidente Fox incluye una reforma constitucional para que la única confesión valida sea la realizada ante el juez. Por otro lado, las propuestas relativas a que solo sea válida la confesión ante el juez y la presunción de inocencia para los delincuentes organizados, no fueron aceptadas por el Senado en la primera revisión de las diversas propuestas de reforma al sistema de justicia. 169. La recomendación e) dice: Una vez que se haya hecho comparecer a un detenido ante un procurador, no debe devolvérsele a detención policial. 170. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría cumplido esta recomendación. Actualmente, mediante el uso de la figura del ARRAIGO, previsto en la legislación mexicana en leyes secundarias, es posible mantener a las personas en detención policial y fuera de los establecimientos previstos para tal efecto, hasta por 60 días. Esta practica esta siendo cada vez mas utilizada por las autoridades mexicanas. La figura del arraigo priva a la persona en su libertad sin que existan ni los datos que acrediten el cuerpo del delito, mucho menos su probable responsabilidad. 171. La recomendación f) dice: Debe revisarse radicalmente el sistema de los defensores de oficio a fin de garantizar una mejora sustancial de su competencia, remuneración y condición jurídica. 172. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, en esta materia no ha habido avances sustantivos. Los defensores de oficio tienen una sobrecarga de trabajo que hace imposible una real defensa, no tiene la preparación ni los instrumentos necesarios para llevar a cabo su trabajo, as veces comparten sus oficinas con los procuradores. Con frecuencia cobran a sus defendidos para priorizar sus casos, y por lo general se dedican a firmar documentos sin siquiera estar presentes en las audiencias. La remuneración sigue siendo inadecuada.
E/CN.4/2006/6/Add.2 page 39 173. La recomendación g) dice: Debe vigilarse atentamente la base de datos de agentes de policía destituidos para asegurarse de que no sean transferidos de una jurisdicción a otra. 174. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría cumplido esta recomendación. Los policías, tanto de seguridad pública o ministerial, que son destituidos son después reincorporados sin obstáculo alguno. A la fecha no existe una base de datos común donde se ingresan los datos de los policías destituidos en los diferentes cuerpos policíacos del país y muchos de ellos, aun teniendo ordenes de aprehensión en un estado, trabajan como policías en un estado diferente. Por otro lado, tampoco existe una base de datos donde se encuentran las listas de los funcionarios que han sido señaladas por las comisiones de derechos humanos como responsables por violaciones graves a los derechos humanos. 175. La recomendación h) dice: Todas las Procuradurías Generales de Justicia deberían establecer un sistema de rotación entre los miembros de la policía y el Ministerio Público, para disminuir el riesgo de establecer vínculos que puedan conducir a prácticas corruptas. 176. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, si bien estas recomendaciones han sido atendidas en el nivel federal, no se constatan avances en las jurisdicciones estatales. 177. La recomendación i) dice: Los procuradores y jueces no deben considerar necesariamente que la falta de señales corporales que pudieran corroborar las alegaciones de tortura demuestre que esas alegaciones sean falsas. 178. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, la falta de señales corporales sigue consistiendo un elemento clave para que no prospere la averiguación cu<strong>and</strong>o una victima de tortura lo haya anunciado. La adopción a nivel federal de una adaptación del Protocolo de Estambul constituye un avance. El protocolo es idóneo para documentar casos de tortura aun cu<strong>and</strong>o se ha transcurrido tiempo suficiente para borrar señales corporales. Sin embargo, la utilización del manual sobre documentación de tortura elaborado por la Procuraduría General de la Republica carece del principal requisito para que sea eficaz: la independencia de los peritos que llevan a cabo los exámenes físicos y psicológicos. 179. La recomendación j) dice: Los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles, en particular la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deben ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto de servicio. 180. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría cumplido esta recomendación. Los militares siguen siendo procesados por fuero castrense. Los tres poderes de la Unión han realizado acciones que perpetúan la acción del fuero militar. La jurisdicción militar equivales en los hechos a una ley de amnistía, la cual garantiza la impunidad de los elementos castrenses que violentan los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este contexto, es preocupante observar, por otra parte, que el Estado mexicano y los distintos poderes insistan nuevamente en fomentar la participación militar en tareas de seguridad pública, como es el caso, por ejemplo del operativo México Seguro implementado en la frontera norte del país para luchar contra el narcotráfico.
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