E Economic and Social Council - acnudh
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E/CN.4/2006/6/Add.2<br />
page 61<br />
to prevent such violations would be to introduce systematic civil society monitoring of the<br />
penitentiary.<br />
273. The Government informed that a system of training institutions has been created,<br />
including five institutions of higher education with seven branches, three institutions of general<br />
penitentiary training, <strong>and</strong> 79 institutions for basic <strong>and</strong> additional training. The training also<br />
covers principles <strong>and</strong> norms of international law.<br />
274. (ii) The mobilizing of material <strong>and</strong> technical resources existing in Member States<br />
that the Special Rapporteur hopes <strong>and</strong> trusts could be made available in the same spirit of<br />
international solidarity <strong>and</strong> cooperation as that shown by the Government of the Russian<br />
Federation in inviting the Special Rapporteur.<br />
Spain<br />
Seguimiento dado a las recomendaciones del Relator Especial reflejadas en su informe sobre su<br />
visita a España en octobre de 2003 (E/CN.4/2004/56/Add.2, párr. 64-73).<br />
275. El Gobierno proporcionó la siguiente información por carta de fecha 26 de septiembre de<br />
2005.<br />
276. El Gobierno informó de que la valoración general que hacían de las recomendaciones<br />
sobre España hechas por el anterior Relator Especial están incluidar en el informe<br />
E/CN.4/2005/62/Add.2 donde pusieron en su conocimiento los avances en materia de protección<br />
contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes registrados en España en el<br />
2004.<br />
277. La recomendación (a) dice: Las más altas autoridades, en particular los responsables<br />
de la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley, deberían reafirmar y declarar oficial y<br />
públicamente que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están<br />
prohibidos en toda circunstancia y que las denuncias de la práctica de la tortura en todas<br />
sus formas se investigarán con prontitud y a conciencia.<br />
278. Según la información proporcionada por fuentes no gubernamentales, las autoridades del<br />
Estado Español han confirmado en el ámbito internacional asumir una política de “tolerancia 0”<br />
contra la tortura, en el ámbito interno niegan sistemáticamente que en España se torture. Las<br />
autoridades no cuestionan el régimen de incomunicación y tachan de falsas todas las denuncias<br />
por tortura presentadas en los Juzgados.<br />
279. La recomendación (b) dice: Teniendo en cuenta las recomendaciones de los<br />
mecanismos internacionales de supervisión, el Gobierno debería elaborar un plan general<br />
para impedir y suprimir la tortura y otras formas de tratos o castigos crueles, inhumanos o<br />
degradantes.<br />
280. Según la información proporcionada por fuentes no gubernamentales, no se habría<br />
implementado esta recomendación. En torno al Protocolo para la Coordinación de la asistencia a<br />
personas detenidas en régimen de incomunicación diseñado por el Gobierno Autónomo vasco, el<br />
responsable del Departamento del Interior del Gobierno Autónomo vasco, Javier Balza,<br />
mencionó la introducción de medidas concretas para superar la tortura en el ámbito de su