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Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia
tiempo que impone límites a los medios y métodos de hacer la guerra, tanto
por parte de los grupos armados ilegales como por el Estado.
39. Es pertinente señalar en este sentido que el DIH y el derecho internacional
de los derechos humanos son ordenamientos del derecho
internacional público diferentes pero complementarios. Los dos parten
del reconocimiento de la dignidad de la persona humana en todo tiempo
y lugar, y tienen como finalidad la protección de las personas contra actos
arbitrarios y abusos.
40. Lo anterior, porque, a juicio de esta Comisión, los destinatarios
del deber de respeto a los derechos humanos no son exclusivamente las
autoridades del Estado. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del
Palacio de Justicia considera de particular importancia en este marco y hace
suya la reflexión contenida en el Informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación del Perú cuando expresó:
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En el origen del proceso gubernamental de creación de la CVR, el
Ministerio de Justicia sugirió que los crímenes ocurridos en el conflicto
constituían “graves violaciones a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario” (Ministerio de Justicia, 2000.
Considerando 2º). Esta mención a dos grandes cuerpos jurídicos del
Derecho Internacional Público era sensible a complejos debates sobre
la necesidad de tipificar los crímenes cometidos por grupos subversivos
en una forma que reflejase adecuadamente el rechazo universal que
causaban. En efecto, aunque las acciones de terror que han realizado
los grupos subversivos generan una amplia repulsa, el desarrollo del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos parecía centrarse
únicamente en las obligaciones de los Estados, mas no en las de grupos
de particulares que no ejercen la soberanía. Hay que convenir en que
estos enfoques son extraños al sentido común, el cual encuentra poco
comprensible que el derecho internacional no considere técnicamente
a los grupos subversivos como “violadores de derechos humanos”, habida
cuenta [de] que las acciones terroristas en las que con frecuencia
incurren son evidentemente violatorias de los derechos fundamentales
de las personas. Es de suponer que, por esta razón, el Ministerio de
Justicia dejó abierta la posibilidad de recurrir al Derecho Internacional
Humanitario, es decir, al derecho aplicable a los conflictos armados,
para impedir que los grupos subversivos pudiesen quedar excluidos de
una investigación fundada en los estándares más altos del derecho. 11
11 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: CVR, 2003, “Introducción”,
p. 24.