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<strong>Informe</strong> final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia<br />

4. A los miembros de la justicia penal militar y a los comandantes de las<br />

Fuerzas Militares y de policía, reiterar a los integrantes de esos cuerpos<br />

las disposiciones del Código Penal Militar, la jurisprudencia constitucional<br />

y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados<br />

por Colombia, que definen la jurisdicción ordinaria como juez natural para<br />

investigar graves violaciones a los derechos humanos, entre las que se<br />

incluyen la tortura y la desaparición forzada de personas.<br />

5. Estrechamente relacionada con la anterior recomendación, al gobierno<br />

nacional y a los comandantes de las Fuerzas Militares y de policía, incluir<br />

dentro de los programas de formación y actualización de los integrantes de<br />

la fuerza pública enseñanzas específicas, con base en las disposiciones del<br />

DIH, el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación<br />

colombiana, acerca de los estándares mínimos de protección de la dignidad<br />

humana.<br />

6. A los grupos alzados en armas, acudir con seriedad y buena voluntad a<br />

un proceso de paz que conduzca a su más pronta desmovilización total<br />

y reinserción social.<br />

Finalmente, la Comisión de la Verdad invita a los órganos de control<br />

del Estado, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones<br />

Unidas para Derechos Humanos, a los familiares de las víctimas y a la sociedad<br />

colombiana en su conjunto, a diseñar mecanismos de seguimiento<br />

de los hallazgos y recomendaciones contenidos en el presente <strong>Informe</strong> final, de<br />

manera que su implementación sea una realidad y por fin sea atendido el<br />

llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia hecho hace 24 años,<br />

para que “cese el fuego”.<br />

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