Informe_comision_web

Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia
estaba la representación de los mandos militares, y del DAS, así como el
Ministro de Defensa. 2
4. A pesar de la amplia difusión periodística de la noticia, no se realizó
esfuerzo alguno para brindar la protección institucional que se ameritaba
para preservar la vida de quienes laboraban en el Palacio y la de sus visitantes
ocasionales.
5. En este sentido, la Comisión de la Verdad debe recordar que la
Constitución de 1886, vigente en la época de los hechos, señalaba en su
artículo 19: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes,
y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y
castigando los delitos”.
6. Por su parte, tanto la normatividad interna como las disposiciones
de carácter internacional vinculantes para Colombia establecían, como
ahora, el deber fundamental del Estado de adoptar medidas de prevención
y protección de las personas, con el objeto de evitarles daños irreparables.
7. En relación con dicho deber, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al interpretar el alcance de la obligación general de respeto y
garantía establecida en el artículo 1.1 3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, 4 ha señalado reiteradamente:
332
El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las
violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con
los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro
del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de
imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una
adecuada reparación.
El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico,
político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de
los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a
los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho
2 Entrevista del presidente Betancur con la Comisión de la Verdad.
3 Según el cual “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
4 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; ratificada por Colombia
el 31 de julio de 1973.