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Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara, Nilson Pinilla Pinilla
67. Estimaba el Magistrado que el Tratado se hallaba perfeccionado y,
por lo tanto, no procedía el estudio por parte de las instituciones de justicia
internas, sino internacionales, en cuanto los tratados pueden tener control
constitucional antes de que se produzca su ratificación, no después, cuando
ya se ha convertido en un instrumento internacional, como había ocurrido para
el 6 de junio de 1985, cuando el Tratado ya había sido estudiado cuatro veces
y se había ratificado incluso desde que se estudió por primera vez.
68. En la proclama y en la demanda armada presentadas por el M-19
al producirse la toma, se incluyeron referencias al Tratado de Extradición
suscrito con los Estados Unidos de América, cuya ley aprobatoria estaba
bajo el estudio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para la elaboración
del proyecto que habría de ser llevado a la Sala Plena acerca de su
exequibilidad. En efecto, en la primera se lee, en lo pertinente:
Y como si todo ello fuera poco, mediante un impopular y escandaloso
Tratado de Extradición, se entrega nuestra juridicidad, la más reciente
y novedosa de todas las entregas que es golpe mortal contra la seguridad
nacional.
Centenares de compatriotas nuestros están seriamente amenazados,
no sólo por la legislación de países extraños sino por la manifiesta
animadversión de algunos de ellos, como es el caso concreto de los
Estados Unidos de Norteamérica.
69. Por su parte, la demanda armada incluía los siguientes significativos
párrafos:
Es ésta una sana doctrina constitucional en cuya aplicación la Corte
ha dejado, no en pocas ocasiones, mucho que desear. Entre otras, y a
manera de ejemplo: la jurisprudencia que declaró exequible el Estatuto
de Seguridad durante el gobierno de Turbay; la negativa de este
tribunal de conocer de la constitucionalidad del tratado de extradición;
y la aceptación de Juzgamiento de los civiles por parte de la justicia
penal militar.
También, en manos del Pilatos de Contadora, nuestra nación perdió
la facultad indelegable de administrar justicia el emento esencial de
soberanía por efecto del servil convenio celebrado con la OPIC [41] , el
3 de abril, según el cual las controversias entre el gobierno colombiano
41 Parece referirse a Overseas Private Investment Corporation.
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