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Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara, Nilson Pinilla Pinilla
gencia. Se ha hablado también de las solicitudes fallidas de mediación del
nobel de literatura Gabriel García Márquez, igualmente desatendidas por
parte del gobierno nacional.
54. Si efectivamente hubiera existido voluntad de salvar la vida de los
rehenes, deberían haberse explorado alternativas de rescate, así como haber
atendido el clamor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que
estaban fuera del Palacio de Justicia en el instante de la toma, 43 quienes,
como relató en detalle la Comisión en su “Informe preliminar”, a las 9:30
a. m. del jueves 7 de noviembre de 1985 se reunieron con el presidente de
la República, Belisario Betancur Cuartas, así como con su esposa, el Secretario
General del Palacio de Nariño y los ministros de Justicia, Educación,
Comunicaciones y Defensa. 44
55. Con base en las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta
el marco normativo que orienta el mandato de la Comisión de la Verdad
específicamente las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Comisión entiende que la responsabilidad del
Estado, derivada del comportamiento del gobierno colombiano con ocasión
de la toma y retoma del Palacio de Justicia se deriva de la violación de las
obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y garantizar las
normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos reconocidos
en la Convención, aplicables en toda circunstancia y respecto de todas
las personas, consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado, 45 en relación
con el derecho consagrado en el artículo 4.1. de la Convención Americana,
según el cual “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”.
56. La Comisión llega a la anterior conclusión concretamente teniendo
en cuenta el hecho de que, como lo ha señalado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, de tales obligaciones generales “derivan deberes
especiales, determinables en función de las particulares necesidades de
43 Manuel Enrique Daza Álvarez, Hernando Baquero Borda, José Alejandro Bonivento
Fernández, Luis Enrique Aldana Rozo y Héctor Gómez Uribe.
44 Véase “Informe preliminar” de la Comisión de la Verdad.
45 “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”.
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