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Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara, Nilson Pinilla Pinilla
Sossa, Alvear Cerón, Silvia González, Anái Ulcue, Nelson Otero, Salvador
Erazo, Darío Carvajal, Rubén Paredes, Ciro Palomino, Salomón, Mario
Santander, Gustavo Pedraza, María Samper, Micaela Rendón, Mario Palau,
Andrea Gómez, Nicolás Pérez, Carlos Erazo, Fernando Sánchez, Alberto
Velásquez, Otto Estrada, Felipe Camargo, Elías Pérez, Roberto Polanía,
Mauricio Velásquez, Aníbal Guerrero y Patricia Rojas.
14. Adicionalmente, el Juzgado 30 compulsó copias ante el Reparto
de los Juzgados de Instrucción Criminal para investigar la conducta de Jorge
Arturo Sarria Cobo en los hechos del Palacio de Justicia, y además por el
atentado y las amenazas de que fue víctima.
15. El Juzgado 30, en la resolución comentada, compulsó así mismo
copias con destino a la Corte Suprema de Justicia para investigar la conducta
del director general de la Policía Nacional, general Víctor Alberto Delgado
Mallarino, ya que para el despacho, así como para el agente del Ministerio
Público, se debía investigar el posible “desacato” en que habría incurrido
el General en relación con la orden del Consejo de Ministros de suspender el
operativo del cuarto piso, desplegado en las horas de la tarde del día 6 de
noviembre.
16. Del mismo modo, se compulsaron copias a la jurisdicción penal
ordinaria para que se adelantara una investigación por la “presunta responsabilidad
de las Fuerzas Armadas” por las siguientes situaciones irregulares:
(1) la captura y posterior desaparición de dos guerrilleras, (2) las torturas
de que fueron objeto los dos estudiantes de la Universidad Externado de
Colombia, (3) los hechos del cuarto piso y (4) los hechos del baño.
17. Para el Juzgado 30, la competencia para investigar estas conductas
irregulares era de la justicia ordinaria debido a que tales conductas
[…] constituyen presuntos hechos punibles, cometidos por los militares,
no como un comportamiento aislado e individual, sino invocando,
en forma ilegítima, el ejercicio “institucional” de la función militar,
desbordando injusta y desproporcionadamente el celoso confín de la
Constitución y las leyes. Todo acto ilegal (e ilegítimo, como en nuestro
caso) que en sus móviles o en su forma exceda clara y abiertamente la
legalidad del servicio, o sea el nexo honesta y auténticamente causal,
entraña, en consecuencia, un abuso o desviación de poder constitucionalmente
ajeno al fuero militar que debe ser juzgado por la justicia
ordinaria. 10
10 Jiménez Gómez, Carlos, 1986, citado por Juzgado 30 de Instrucción Criminal.
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