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Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara, Nilson Pinilla Pinilla
no sólo a los daños materiales, sino también a la quiebra del proyecto de
vida de las víctimas, sus familiares y su grupo social inmediato.
Las trágicas muertes causadas durante la toma y la retoma del Palacio
de Justicia son, naturalmente, irreversibles. Podemos afirmar, además, que
muchos de los daños causados durante esos dos días no podrán ser reparados
bajo ninguna suma de dinero ni gesto moral o político. La pérdida súbita
y absurda de un ser querido, la impotencia de ver consumido en llamas el
Palacio de Justicia y la fractura familiar que supone la desaparición súbita
de uno de sus integrantes son elementos demasiado profundos como para
pensar que una retribución económica sea compensatoria. Pero hay otras
dos consideraciones aún más complejas que se deben tomar en cuenta.
En primer lugar, la Comisión hace referencia expresa a los daños causados
a los familiares de los desaparecidos, en su mayoría trabajadores de
la cafetería, que han significado para ellos 24 años de tortura psicológica y
moral. La incertidumbre que supone no saber dónde están, la esperanza de
verlos con vida en algún momento y la impotencia que supone ni siquiera
poder enterrar dignamente sus restos mortales son de particular impacto. Con
toda razón, la comunidad internacional ha señalado la desaparición forzada
como uno de los crímenes más atroces, que supone la vulneración simultánea
de muchos derechos y la incertidumbre tortuosa. El daño en este caso se
extiende a la familia, no sólo como implicada indirectamente en la violación,
sino como víctima directa de lo que ocurrió en el Palacio. A ellos se debe
dirigir una política inmediata y seria de reparación integral.
Por otro lado, la Comisión considera que la impunidad respecto de
los crímenes allí cometidos y el silencio cómplice de muchos i ncluidos
poderosos sectores de la sociedad colombiana, constituyen por sí mismos
violaciones adicionales de los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a
obtener justicia y a garantizar la no repetición de los hechos. Estos hechos
requieren ser precisados y los mismos órganos que incumplieron sus funciones
constitucionales y legales deben contribuir a que las víctimas se sientan
reparadas, al menos simbólicamente, observando al Estado de derecho funcionando
tal como debió haber sido inmediatamente después de los hechos.
En ese sentido, la Comisión de la Verdad formula las siguientes recomendaciones:
1. Al gobierno nacional, proceder a disponer lo necesario para otorgar
reparaciones por vía administrativa y a instrumentar los mecanismos
idóneos de no repetición y de reparación simbólica.
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