De buena pluma.pdf - Biblioteca Mexiquense del Bicentenario

Desde febrero de 1857, en que se promulgó la Constitución
fun damental de los Estados Unidos Mexicanos, la abolición de la pena
de muerte para los delitos comunes ha sido una promesa cuya realización
ha ido aplazándose, unas veces por imposibilidad material, y
otras por la negligencia de nuestros gobiernos, negligencia que apenas
puede ser disculpada.
Al principio, es decir, de 1857 a 1869, la guerra llamada de Reforma
que el gobierno legítimo se vio obligado a sostener contra la facción
clerical, y que comenzó con el golpe de Estado de Comonfort y con
el motín de Tacubaya y que no concluyó sino hasta el triunfo de
la causa constitucional en Calpulalpan, impidió no solamente el
cum plimiento de esta gran promesa liberal, sino aún la expedición de
las leyes orgánicas más importantes para las funciones del gobierno,
bajo el nuevo régimen.
Apenas instalado el gobierno constitucional en la capital de la
unión mexicana, y cuando el Congreso pudo haberse ocupado en los
trabajos de organización que la Carta fundamental demandaba, el
gran conflicto internacional, a consecuencia de la alianza de España,
Inglaterra y Francia contra nuestra república, hizo imposible toda tarea
que no fuese la de preparar al país a rechazar la invasión extranjera.
De ahí siguió la segunda guerra de Independencia; el ejército invasor
ocupó gran parte del país; el gobierno de la república, investido de
facultades extraordinarias, apenas tuvo tiempo y posibilidad de organizar
la defensa del país, y no se pensó ni podía pensarse más que en la
conservación de la autonomía nacional. La Constitución con sus bellas
promesas quedó suspensa de nuevo por un largo espacio de tiempo.
Pero cuando triunfó por fin la república; cuando el gobierno, ya
reorganizado constitucionalmente y provisto de los elementos que
p á gi na s e sco gida s de l e s ta do de méx ico
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