De buena pluma.pdf - Biblioteca Mexiquense del Bicentenario

iniciativas de leyes orgánicas, y muchas, de leyes de circunstancias
que han ido estableciendo, como corruptela, una especie de interinato
constitucional, que se sorprende uno a veces de que haya sido bastante
para mantener en pie las instituciones.
Algunas de las leyes orgánicas que se han dado, como el Código
Penal, no han podido tener un carácter definitivo, ni rigurosamente
constitucional puesto que, faltando la base del régimen penitenciario
prometido a la mayor brevedad por el artículo 23 de la Constitución, no
se han ajustado a ella las penas impuestas a los delitos del orden común.
Por fin, entre las iniciativas y pensamientos de organización que ha
presentado y comenzado a poner en práctica la administración actual,
aparece hoy el establecimiento de una penitenciaría que, a no dudarlo,
va a ser el principio de esa vasta red de edificios penitenciarios que
pronto va a extenderse en la república, para el cumplimiento del
precepto constitucional y la abolición de la pena de muerte, conquista
filosófica de nuestro tiempo y que honra a los constituyentes de 1857.
Es grato considerar que cuando la república de Suiza que había
sido una de las primeras naciones que habían elevado la teoría de la
abolición de la pena de muerte en los delitos comunes al rango de
un precepto legal, acaba de dar un paso atrás restableciendo aquella
pena todavía en otro cantón más, hace dos meses; en nuestra patria se
procura sustituirla con el régimen penitenciario conforme a nuestra
ley fundamental que, si no la abolió definitivamente, sí hizo depender
su existencia del establecimiento del nuevo sistema penal.
Hace años que en el seno de la Suprema Corte de Justicia, varios
magistrados apoyados en el texto del artículo 23, han estado concediendo
amparo a los reos de los estados de Jalisco y Guanajuato por
existir allí dos edificios con el nombre de penitenciarías, por más que
tanto los gobiernos de esos estados, como el señor presidente Vallarta
en el tiempo en que ha funcionado en la Corte, hayan manifestado
claramente que tales edificios no son verdaderas penitenciarías, sino
cárceles comunes.
Esto indica dos cosas: la primera, que existe de parte de los hombres
amantes de la Constitución, el deseo vehemente de que pronto se
p á gi na s e sco gida s de l e s ta do de méx ico
109