JUAN ARANZADI - Prisa Revistas

etcétera 4 . El balance global es claro: el proceso
de desregulación ha generado beneficios
sustanciales: tanto los productores como
los consumidores se benefician de la
combinación de un aumento de la productividad,
de nuevas oportunidades de
mercado y de una presión a la baja sobre los
precios. Estos beneficios se traducen en
ocasiones en los sectores liberalizados y
en otras en nuevas actividades económicas, en
creación de empleo 5 .
Pues bien, en España todavía nos queda
un buen trecho por recorrer en esta materia.
Restricciones como las relativas a la apertura
de farmacias o a los horarios comerciales,
y muchas otras de efectos similares, se habían
implantado apelando a la protección
del bienestar social, la protección de los consumidores,
la protección de la cohesión territorial,
etcétera. Pero, en muchos casos,
sus efectos han sido aumentar los precios de
los productos y servicios, reducir las posibilidades
de elección de los consumidores y las
empresas de los sectores competitivos de la
economía, y aumentar los beneficios de algunos
de los agentes económicos que actuaban
en las actividades reguladas.
La tendencia a buscar protección para
los ya presentes en un sector industrial ha sido
y será una constante de la actuación de
los grupos de interés particular. Un ejemplo
actual de esta tendencia son las propuestas
dirigidas a la implantación de la pasantía para
el ejercicio de la abogacía; en este caso, la
imposición de una barrera de entrada que
reduce la oferta potencial de servicios jurídicos
y, por tanto, restringe la competencia.
La agenda de la política pública del futuro
debería desplazar la carga de la prueba hacia
las medidas y propuestas restrictivas de la
competencia en los mercados de productos.
¿A qué intereses (generales, particulares,
una mezcla de ambos) favorece cualquier
restricción de la competencia en los mercados
de productos? Además, y en cualquier
caso, es necesario evaluar los costes de cualquier
restricción legal de la competencia.
2.b. Las políticas de defensa de la competencia
La recomendación de política económica de-
4 La panorámica más completa sobre los efectos de
la desregulación procompetitiva continúa siendo la
de Clifford Winston: ‘Economic deregulation: Days of
reckoning for microeconomists’, en Journal of Economic
Literature, 31 (1993), págs. 1263-1289. Este texto está
traducido al castellano en Germà Bel, ed., Privatización,
desregulación y ¿competencia?, págs. 117-159. Civitas,
Madrid, 1996.
5 El lector interesado puede encontrar una serie de
trabajos recientes sobre la relación entre liberalización y
empleo en: Antón Costas y Germà Bel, eds., Los beneficios
de la liberalización de los mercados de productos. Servicio
de Estudios de La Caixa, Barcelona, 1997.
Nº 105 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
rivada hasta ahora es clara: acentuar el énfasis
en las reformas orientadas a la liberalización
de los mercados de bienes y servicios.
Pero ¿quiere esto decir que debe desaparecer
la intervención del Estado? No. La desregulación
debe ir acompañada de una acción
pública paralela orientada a garantizar el funcionamiento
competitivo de nuevos mercados
liberalizados. Porque es la competencia la
que garantiza que los beneficios de la liberalización
lleguen a todos los ciudadanos.
Como se apuntaba más arriba, muchas
industrias presentan problemas de competencia
importantes, porque la estructura
del mercado permite que se produzcan actuaciones
restrictivas de la competencia.
Existen dos tipos básicos de situación de este
tipo. Primero, la existencia de acuerdos
entre empresas. Segundo, el abuso de posición
dominante por parte de una empresa
que goce de poder de mercado. En estos escenarios
la política de defensa de la competencia
es una dimensión extraordinariamente
importante de la liberalización.
La posibilidad de que se establezcan
acuerdos entre empresas para restringir la
competencia, y los daños que esta actitud
provoca para los consumidores y para otras
empresas que usan sus productos o servicios,
son conocidos desde hace mucho tiempo.
Ya en 1776 Adam Smith, en su Riqueza
de las Naciones, aludía al fenómeno y sus
consecuencias. Si unas pocas empresas concentran
una cuota de mercado muy alta en
una industria tendrán la tentación permanente
de llegar a acuerdos para restringir la
competencia y conseguir beneficios extraordinarios,
derivados de los mayores precios
pagados por los consumidores.
En un entorno como el actual, en el
que los cambios tecnológicos y los cambios
legales han ampliado los espacios abiertos a
la competencia, me parece una hipótesis
plausible la de que muchas de las actuales
fusiones y operaciones de concentración
empresarial son una respuesta defensiva a la
amenaza de la competencia 6 . Parece evidente
que en muchos servicios estamos llegando
a una “situación donde las relaciones
entre algunas empresas, muy contadas, se
6 Por supuesto, el motivo estándar aducido para la
fusión es el de realización de economías de escala. Pero
estudios de reputadas consultoras sobre resultados de fusiones
inducen a escepticismo sobre tal argumento.
Se han sugerido otros motivos para algunas operaciones
de fusión. Por ejemplo, el de aumentar la dimensión
para dificultar la amenaza de absorción de las
empresas preexistentes mediante una OPA. Desde luego,
esto no está muy de acuerdo con lo que la nueva teoría
de la organización industrial nos ha enseñado sobre
incentivos en la relación entre propiedad y control, y la
virtud disciplinaria del mercado de capitales.
GERMÀ BEL
parecen cada vez más a una tela de araña” 7 ,
con los riesgos derivados de ausencia de
competencia y concentración de poder económico.
Cada vez está más a la orden el
análisis de la experiencia legislativa de
EE UU en el último cuarto del siglo XIX.
El tratado constitutivo de la Comunidad
Europea se hizo eco de este tipo de
problemas, prohibiendo en su artículo 85
(actual artículo 81) las prácticas restrictivas
de la competencia. Durante mucho tiempo
se establecieron excepciones a los acuerdos
prohibidos en este artículo. Pero desde la
mitad de los ochenta la Unión Europea y,
más lentamente, los Estados miembros,
han aumentado su beligerancia contra las
prácticas restrictivas. En la actualidad se ha
hecho normal la existencia de órganos específicos
de defensa de la competencia; en
España, el Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) y el Servicio de Defensa de
la Competencia (SDC). Más abajo volvemos
a estos órganos y a la organización de
sus competencias y posición institucional.
Un problema de raíz distinta emerge
cuando una empresa alcanza la posición
dominante en el mercado. A veces, porque
la propia evolución competitiva de la industria
y el éxito innovador y comercial de
la empresa le permiten ganar una gran cuota
de mercado. Tal caso es frecuente en industrias
en que el cambio tecnológico avanza
con mucha rapidez, como la de programación
informática. En otras ocasiones, la
posición dominante puede darse como
consecuencia de la apertura a la competencia
de industrias en que una empresa disfrutaba
anteriormente de poder monopolístico,
por causas tecnológicas o legales.
Ante la entrada de nuevos rivales, la empresa
que tenía el monopolio goza a menudo
de una posición ya consolidada que le
otorga poder de mercado. Este caso es habitual
en las telecomunicaciones o el transporte
aéreo, industrias en que los monopolios
tradicionales permanecen como operadores
dominantes.
La dimensión de una gran empresa o la
existencia de una situación dominante no
es en sí el problema. Éste aparece cuando la
empresa dominante abusa de su poder de
mercado, y lo utiliza para perjudicar a la
competencia que ha surgido, o para prevenirla
antes de que se manifieste. La propia
existencia de un problema en estos casos ha
sido una cuestión sujeta a controversia. A
7 Zulima Fernández: Banca, energía y telecomunicaciones.
La nueva estructura de los núcleos duros de la economía
española. XIV Jornadas de Alicante sobre Economía
Española, Octubre de 1999, pág. 9.
25