JUAN ARANZADI - Prisa Revistas

generando situaciones absolutamente contrarias
a las deseadas. Por el contrario,
tanto individual como colectivamente debe
aumentar la credibilidad de los procesos
de decisión universitarios; y la distribución
de recursos debe justificarse por
los resultados obtenidos en cada institución.
El conjunto del sistema universitario
debería asumir, para su propia supervivencia,
la necesidad de introducir un
cierto grado de desigualdad y de autonomía
efectiva en sus estructuras, tanto dentro
de cada universidad como entre universidades,
que fomentara una cierta
competitividad según criterios públicos
para evitar que sea finalmente el mercado
el que introduzca mayores desigualdades,
según criterios mucho menos refinados.
No hace falta recordar que en el mundo
del conocimiento y la información, la demanda
solvente es mucho más cruel que
en cualquier otra parte, al expulsar todo
aquello que no es útil a corto plazo.
Las políticas universitarias actuales
–así como los sistemas de control e incentivación–
tratan por igual a todos los sectores
de profesorado, a todas las habilidades
universitarias y a todas comunidades
de conocimiento, a pesar de que todos
Nº 105 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
éstos son muy distintos entre sí, también
internamente, y de que –como consecuencia–
sus estrategias laborales y de
promoción social se han ido diferenciando
muchísimo a lo largo de los años. Es
necesario aceptar esta realidad y plantear
una diversificación, exigiendo una mayor
responsabilidad y profesionalidad a todos
los niveles, correspondiendo a ésta con
una remuneración adecuada y garantizando
a la sociedad la mayor transparencia
posible sobre los procesos de selección y
promoción adoptados. Para salir de la interdependencia
que estabiliza el equilibrio
actual, debemos plantearnos como objetivo
alcanzar un nuevo equilibrio, mucho
más satisfactorio; en otras palabras, se trata
de disponer de una visión realista –y
optimista– sobre cómo puede ser la nueva
universidad española en el futuro. La convergencia
de expectativas sobre un nuevo
modelo puede provocar el cambio.
A continuación, esbozamos algunas
propuestas concretas como sugerencias
para reflexionar sobre posibles alternativas
institucionales y organizativas realmente
diferentes a las actuales. En todo caso, y
siguiendo el argumento desarrollado, para
conseguir una mejora significativa de la
JACINT JORDANA/CARLES RAMIÓ
universidad pública en España las nuevas
reformas deberían atender, con un cierto
grado de simultaneidad, a los cuatro
grandes problemas mencionados:
1) Política de selección del profesorado. Cada
Universidad debería tener la capacidad
de reclutar autónomamente a su profesorado,
haciendo uso de la autonomía universitaria
en la capacidad de selección de
sus recursos humanos. Ello debería complementarse
con un conjunto de controles
internos y externos para asegurar la corrección
de los procesos de selección. En
todo caso, ¿cómo se pueden exigir responsabilidades
a instituciones que no tienen
la capacidad formal y real de seleccionar
los efectivos de personal que consideran
más capacitados –siempre respetando
los principios públicos de acceso– para
que contribuyan a alcanzar sus objetivos
estratégicos?
En primer lugar, es muy importante
diferenciar los procesos de contratación
del profesorado de carácter permanente
de los que afectan al profesorado no permanente.
Con relación a este último,
consideramos que debería tener mucho
más peso en nuestras universidades, pero
con unas características distintas a las actuales,
ya que a menudo se utiliza la contratación
no permanente, en forma de
ayudantías y contratos de asociados, como
una fórmula de mantenimiento de
una plantilla endogámica cada vez más
envejecida, con unas condiciones laborales
y económicas muy precarias, donde no
se priman los principios de capacidad y
mérito. En este sentido, una alternativa
sería clarificar el carácter no permanente
de los profesores en proceso de formación,
distinguiendo los profesores que son
doctores de los que aún se encuentran
realizando el doctorado. Por una parte,
para los doctores recientes, se trataría de
fomentar su estabilidad con unas condiciones
económicas próximas a las del profesorado
permanente; mientras que para
los no doctores, se debería fomentar más
la vía de las becas y los contratos de ayudante.
No se trata de conseguir profesorado
“más barato”, sino de diseñar una carrera
académica que introduzca un paso
intermedio entre la obtención del título
de doctor y la obtención de la condición
de funcionario. De esta forma, la carrera
académica del profesorado presentaría un
nuevo momento-filtro que se añadiría a los
dos filtros clásicos como son la consecución
del doctorado y la obtención de una
plaza de funcionario. Se trata de introducir
una nueva categoría en la carrera aca-
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