JUAN ARANZADI - Prisa Revistas

mento del grado de intervención gubernamental.
En el cuadro 2 se presentan las medidas
más significativas, así como sus efectos
en relación con la competencia.
4. A modo de conclusiones
En este texto se sostiene la necesidad de incorporar
la liberalización a las prioridades de
la política económica española. Se sitúa la
competencia, más que el libre mercado per
se, como objetivo prioritario de la liberalización.
Por tanto, se consideran dos dimensiones
de la política de liberalización:
una primera pasiva, la desregulación procompetitiva,
consistente en la eliminación
de las disposiciones legales que son perjudiciales
para la competencia en los mercados
potencialmente competitivos. Ante la existencia
o la propuesta de introducción de
medidas restrictivas de la competencia en
los mercados de productos, la carga de la
prueba debe trasladarse a quienes defienden
o proponen la restricción de la competencia.
La segunda dimensión de la política de
liberalización, que podemos considerar como
activa, consiste en la actuación pública
para estimular la competencia en los mercados
potencialmente competitivos en los
que existan condiciones idóneas para que se
produzcan actuaciones restrictivas de la
competencia, bien porque una empresa dominante
pueda evitarla, o bien porque unas
Nº 105 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
cuantas empresas que concentren la actividad
en el sector puedan restringirla mediante
acuerdos entre ellas. En este sentido,
el Estado tiene un papel fundamental para
ayudar a que los mercados funcionen mejor
y puedan desplegar de forma más completa
sus potencialidades.
Asimismo, y aunque fuera del dominio
estricto de lo que se entiende por política
de liberalización, el Estado debe establecer
reglas que impidan la explotación del consumidor
y maximicen el bienestar social en
aquellas industrias cuya estructura determine
la subsistencia de las características
de monopolio natural, al menos hasta que
cambios tecnológicos debiliten en el futuro
estas condiciones, y hagan viable o deseable
la introducción de competencia.
Por último, se formulan una serie de
orientaciones de carácter institucional dirigidas
a mejorar la formulación de la política
de defensa de la competencia y de la prevención
de abusos monopolísticos. Con carácter
general, se enfatiza la necesidad de
acentuar la independencia tanto del Tribunal
de Defensa de la Competencia como de las
Órganos Reguladores. Además, se da gran
16 Este trabajo debe mucho a un diálogo continuado
sobre la materia con Antón Costas y el resto de integrantes
del grupo de investigación ‘Políticas públicas y
regulación económica’ de la Universitat de Barcelona.
GERMÀ BEL
importancia a la mejora de la transparencia
y a evitar la opacidad en las actuaciones de
los órganos reguladores y en su relación con
las empresas reguladas. La publicidad es, sin
duda, uno de los mecanismos más adecuados
para garantizar la eficacia de la regulación
y para prevenir la captura del regulador
por parte del regulado.
El proceso de concentración del poder
económico en los sectores de servicios públicos
en España es muy acelerado. Grandes
empresas financieras y de servicios comparten
posiciones accionariales de importancia
en otras empresas de servicios que, teóricamente,
deberían estar orientadas a competir
entre sí. Además, y esto es más importante,
esta concentración de poder económico está
debilitando de forma progresiva los equilibrios
de poder consustanciales a cualquier
democracia. En el futuro inmediato, la cuestión
del fomento de la competencia y de la
prevención del poder monopolístico no es ya
sólo una necesidad para mejorar la eficiencia
de la economía española. Es también un imperativo
para mejorar la calidad de la propia
democracia. 16 n
Germà Bel es profesor de Política Económica en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universitat de Barcelona.
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