JUAN ARANZADI - Prisa Revistas

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y VIRTUD CÍVICA
individuos cívicamente comprometidos,
de sujetos más virtuosos,
más fraternales, más apegados a la
suerte de su comunidad 17 .
Esa tensión es muy central en
el texto de Laporta y nos pone
sobre la pista de una línea de demarcación
clara entre las dos ideas
de democracia. En el arranque
de su intervención muestra una
honesta preocupación frente a
quienes descalifican, entre otras
cosas, la militancia política y sugiere
que esa descalificación, en la
medida que cuestiona la democracia,
es “de cierta gravedad”.
Luego, a lo largo de su exposición,
parece asumir que, después
de todo, la democracia no necesita
de la militancia política para
funcionar, que aun con un demos
“vulgar” y desinteresado el
sistema “resulta eficiente” y critica
a las propuestas radicales porque
éstas operan bajo el supuesto
de un activismo exagerado, como
si en la vida no hubiera otra
cosa que política. En el trasfondo
de su argumentación opera el supuesto
de que toda actividad pública
es una actividad costosa,
que no es retributiva por sí misma.
En el caso de la democracia
representativa esto se resuelve con
la profesionalización, con la retribución
de los políticos. Pero
eso no sucede con las otras actividades
públicas, y de ahí que se
juzguen irrealistas las exigencias
participativas 18 .
Lo cierto es que la valoración
como “irrealista” esconde una
pobre idea de la naturaleza humana,
según la cual la calidad
de vecino o progenitor es, inevitablemente,
una carga, un coste.
Desde luego, los individuos reales
no son así. Son vecinos, padres
o trabajadores y no viven
esas condiciones como “un cos-
17 Cfr., por ejemplo, M. Sandel: Democracy’s
Discontent. Mass. Harvard U.P.,
Cambridge, 1996.
18 De la argumentación de Laporta parece
desprenderse que establece tres requisitos
para calificar una actividad como política:
a) que sea pública; b) que sea costosa;
c) que sea retribuida. Las “otras”
actividades satisfacen los dos primeros requisitos
y no el tercero. Son costosas y públicas,
pero no están retribuidas. Solo la
política “profesional” satisfacería los tres.
te”. El único modelo antropológico
que reduce todas sus actividades
a la contabilidad de costos
y beneficios es el homo economicus,
quien, por cierto, no se lleva
muy bien con la democracia,
con ningún tipo de democracia.
Por eso Sartori necesita políticos
“altruistas” para la democracia
representativa. Incluso, como
votante, el homo economicus es
una rareza: el impacto de su voto
–uno entre millones– es infinitesimal:
los beneficios de votar
son mínimos e improbables,
comparados con los muy ciertos
de “perder el tiempo” comparando
programas y acudiendo a
las urnas.
Junto a las críticas examinadas,
de carácter general, Laporta
y Sartori, al paso, descalifican
diversas propuestas específicas
de los defensores de las “otras”
democracias. En sus críticas detectan
innegables debilidades de
propuestas que están lejos de alcanzar
la concreción de las fórmulas
representativas “clásicas”,
entre otras razones porque la
concreción no es independiente
de la posibilidad de tomar iniciativas
políticas y éstas dependen
muy fundamentalmente de
quien manda. En todo caso, para
no rehuir el bulto bueno será
terminar estas líneas intentando
decir algo en favor de las propuestas
objetadas. Dada la diversidad
de reformas que nuestros
autores critican, hemos optado
por referirnos sólo a
algunas de ellas, por su importancia
o su carácter especialmente
polémico.
A) Mandatos imperativos. Vaya
por delante que la propuesta no
carece de problemas y Sartori señala
adecuadamente algunos de
ellos. Ahora bien, no es tan obvio
que la demanda de mandatos
imperativos resulte ridícula
en sus pretensiones, ni mucho
menos que deba ser “prohibida”
como “condición inherente” de
la democracia. En la poca experiencia
que ha habido al respecto,
no se pretendió utilizar el
mandato para “todos los casos”
sino para unas pocas y muy específicas
situaciones. Funda-
mentalmente, la existencia de
mandatos imperativos no negaba
la posibilidad de que en muchos
casos el representante “pensara
por su cuenta”, independientemente
de la voluntad de
sus electores. Lo que se buscaba,
más bien, era que, en cuestiones
que la comunidad consideraba
especialmente cruciales
(por ejemplo, la eliminación de
un cierto impuesto), el representante
no defraudase a la voluntad
mayoritaria.
Desde sus orígenes, además,
el mandato imperativo tendió a
girar sobre ciertos principios o
ideas generales, más allá de los
cuales el representante podía operar
con libertad. Por ejemplo, el
principal reclamo de los norteamericanos
sobre sus representantes,
antes de la independencia,
era uno como el siguiente: “Que
los ingleses no nos cobren más
impuestos sin consultarnos”. Este
reclamo general no negaba la
posibilidad de que los representantes,
a partir de allí, ajustaran
los detalles de la exigencia popular.
En este sentido, no es cierto
que el mandato imperativo implique
siempre la prevalencia de
los intereses localistas sobre los
intereses generales, como dogmáticamente
asevera Sartori (Sartori,
pág. 4). El mandato imperativo
es compatible con políticas
prácticas flexibles y con representantes
abiertos a cambiar
de ideas en una multiplicidad de
cuestiones. Más aún, el mandato
imperativo no sólo no niega necesariamente,
sino que además
puede favorecer a las políticas
más deliberativas 19 . Ello, por
ejemplo, al obligar a la comunidad
a llegar a un acuerdo sobre lo
que van a exigir a sus mandatarios;
al propiciar el diálogo entre
representantes y representados
(las propuestas de unos a otros,
aun las quejas mutuas). Ocurre
que la deliberación democrática
no consiste, exclusivamente, en la
deliberación entre los representantes,
sino también en la deli-
19 Esto, por ejemplo, contra C. Sunstein.
Ver The Partial Constitution, cap. 1,
Harvard U.P., Cambridge, 1993.
beración entre representantes y
representados, y en la discusión
de los representados entre sí.
B) Representación por grupos.
También en este caso nos encontramos
frente a una propuesta
que, sin estar exenta de alguna
dificultad, merece ser atendida
–una propuesta, además, que hoy
resulta objeto de detallados estudios–.
¿Qué es lo que puede decirse
en favor de este sistema de
representación? Por lo pronto, la
representación por grupos puede
ayudar a que conozcamos puntos
de vista que de otro modo no
conoceríamos. Puede enriquecer,
así, el debate público y, así también,
favorecer la imparcialidad
colectiva de nuestras decisiones.
Laporta nos dice: pero entonces
caemos en el peligro del “desliz” o
slippery slope: esto es, todos los infinitos
grupos sociales existentes
(los protestantes, los arquitectos,
los incapacitados físicos, los peluqueros,
etcétera) van a querer estar
representados (pongamos, en
el Parlamento), una vez que se
asegure, digamos, la representación
del grupo de las mujeres (Laporta,
pág. 22). Sin embargo, podría
contestársele a Laporta, la
idea del slippery slope es algo sesgada:
no es cierto, por ejemplo,
que porque creemos un Código
Penal y establezcamos un sistema
de penas vamos a terminar “penándolo
todo”; no es cierto que
porque el Gobierno cobre algunos
impuestos sobre la propiedad
vaya a terminar “quitándonos todo
lo que poseemos”. Sabemos
poner límites como individuos,
o como comunidad. Lo hemos
demostrado en repetidas ocasiones.
Por otra parte, si hay tantos
grupos que demandan, por ejemplo,
esta representación parlamentaria,
podremos decirles (como
“dice” el Estado, a la hora de
repartir subsidios, o a la hora
de distribuir medicamentos):
“Veamos quiénes son los que tienen
las necesidades más urgentes,
quiénes son los que sufren los
problemas más graves, cuál es el
grupo más numeroso que demanda
esto, cuál de estas demandas
es la más importante”.
Muchos Estados modernos, a
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