JUAN ARANZADI - Prisa Revistas

tacta su moralidad, que esas hipotéticas
poblaciones virtuosas y
en perpetuo estado de participación
que –falsamente– nuestros
autores fijan como condición de
funcionamiento de la deliberación.
Lo segundo acaso sea improbable;
lo primero es llanamente
imposible.
En contra del parecer de Sartori,
sucede que los dos problemas
no son independientes y tienen
mucho que ver con la esencia
de la democracia “representativa”.
Como no se olvidan de enfatizar
sus defensores, a diferencia de las
“otras” democracias, la democracia
“representativa” no necesita de
ninguna disposición cívica ni
tampoco de mayores luces, porque
“puede operar aunque su
electorado sea analfabeto, incompetente
o esté desinformado”
(Sartori, pág. 6) o, con más respeto
y finura, porque “ahorra costes
de información” (Laporta,
pág. 22). Basta con que cada uno
procure por lo sus: los votantes
por sus intereses; los políticos por
asegurarse sus cargos. La democracia
funciona desde la vigilancia
interesada: un poder controla a
otro, los políticos compiten y se
vigilan mutuamente, los ciudadanos
desconfían de la Administración.
La democracia se contempla
como un mercado en el
que los políticos, si quieren acceder
al poder, se ven obligados a
atender los intereses del máximo
número de ciudadanos. Los políticos
están interesados en mantener
su poder y, para ello, instrumentalmente,
han de satisfacer
las demandas de los votantes. Por
su parte, éstos se comportan como
consumidores que eligen entre
distintos productos aquel que
satisface mejor sus demandas. Es,
como señala Laporta, “una división
del trabajo”; aunque cueste
más coincidir con él en que esa
división está “acordada electoralmente”
(pág. 22), entre otras razones
porque disponer de recursos
es una condición necesaria para
participar en la competencia
electoral 9 . El mercado político es
9 Como nos lo recuerdan las interesantes
reflexiones del propio Laporta sobre
Nº 105 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
un mercado con altísimos costos
de entrada, lo que, como a los
otros, a los económicos, los aleja
de las condiciones de eficiencia.
Los dos problemas mencionados
(el de la distancia y el de la
calidad de los representantes) no
son circunstanciales. Al revés,
resultan inevitables en virtud de
que la democracia representativa
funciona del modo descrito, esto
es, con los ciudadanos como
consumidores, los políticos intentando
asegurar su elección y
con desigual información entre
unos y otros (la “división del trabajo”).
En efecto, el ciudadano
no tiene modo de saber si su “representante”
le proporciona información
fiable, no tiene modo
de saber si el político lo hace
bien o no. “No sabe” y por eso
“elige” a un “gestor” que le proporciona
diagnóstico y solución.
Y en esto la comparación de Sartori
con “abogados y médicos”
(o mecánicos) resulta pertinente.
Al contratar los servicios de éstos
no hay modo de conocer lo
que se compra, de detallar un
contrato que especifique lo que
se adquiere. Cuando contratamos
sus servicios, nosotros ignoramos
si sus diagnósticos son
“reales” o no (si no, no les contrataríamos).
Son ellos los que
deciden la naturaleza del producto
y describen cómo lo obtienen.
En esas condiciones, en
el mercado tienen incentivos para
proporcionar información
distorsionada y obtener un benéfico
extraordinario. Del mismo
modo, en un sistema que
funciona bajo la lógica de la maximización
del voto, la ausencia
de información de los votantes
favorece que los políticos actúen
pro domo sua y en contra de los
intereses del votante. El político
honesto no tiene modo de transmitir
a los votantes la “calidad”
de su gestión ni por ende la suya
propia. No ha sido elegido
para realizar una tarea concreta
–no es un mandatario– y, por
ello, no hay un contrato detalla-
la corrupción política: Cfr. F. Laporta,
S. Álvarez (eds.): La corrupción política.
Alianza, Madrid, 1997.
do que precise tareas y plazos de
ejecución. Circunstancia que
aumenta la desconfianza (primer
problema) en un votante
que sabe que el político lo que
busca es que lo elijan y que no
tiene modo de conocer si realiza
una correcta labor.
Por su parte, el político tiene
que escoger entre la virtud y la
reelección, entre asignar su tiempo
a las labores de publicidad,
de captación de medios y poder
asociadas a su permanencia o,
por el contrario, realizar una tarea
honesta pero que no se conoce
ni se puede hacer conocer a
un votante que, por la imprecisión
del contrato, haga lo que
haga el político, desconfiará, y
siempre pensará que cabe hacer
más. Es ahí donde (segundo problema)
encuentra terreno abonado
el mal político descrito por
Burke y que tanto preocupa a
Sartori: “Cuando los líderes optan
por convertirse en postores
de la subasta de la popularidad,
su talento no será de utilidad para
la construcción del Estado”
(pág. 5). No sólo se trata de que
el sistema no separe el trigo de la
paja; es que parece que se queda
con la paja, que las dos cosas, el
mecanismo de funcionamiento
y el resultado que se persigue,
apunten en direcciones opuestas.
Si ya resulta complicado que,
dadas las motivaciones (mantenerse
en el poder) que se le atribuyen,
los políticos sean esa aristocracia
natural atenta al bienestar
ajeno, resulta sencillamente
imposible que, aun si se diera esa
aristocracia, el sistema la detectase
o alentase. No sólo se trata
de que el mecanismo funcione
desde la desconfianza; es que socava
la virtud, es que el mal político
–como el mal producto–
desplazará al honesto 10 . Desde
luego, nada que invite a pensar
que la democracia representativa
“no tiene rival hoy por hoy en
cuanto a eficiencia en materia de
decisión política” (Laporta,
pág. 22), se entienda por eficiencia
lo que se entienda. En
10 F. Ovejero: ‘La política de la desconfianza’,
Agenda, 2, 1999.
ROBERTO GARGARELLA / FÉLIX OVEJERO
todo caso, no estará de más recordar
que las condiciones descritas
(información asimétrica y
motivaciones) son las que caracterizan
en la microeconomía
moderna a los mercados ineficientes.
En suma: los dos problemas
son consecuencia inflexible
del mecanismo de funcionamiento
de la democracia
representativa, en ningún caso
un salpullido estacional.
Pero hay otro problema para
la democracia que funciona como
un mercado. Un problema
que afecta a su fundamentación.
La defensa de la democracia representativa
resulta complicada
cuando se desconfía de los representados.
De ahí el dilema entre
“imponer valores al demos” o
“dejarlo en libertad” al precio de
acabar con los valores democráticos
(Laporta, pág. 23). Para preservar
valores –de igualdad, de
respeto a las minorías– asociados
a la democracia hay que protegerla
del demos, “vulgar y absentista”
(Laporta), acotar el territorio
de lo que puede ser decidido.
Pareciera que el mejor modo de
salvar la democracia es disminuir
la democracia, que el mejor modo
de preservar los valores es alejarlos
de las sociedades que deben
cultivarlos 11 . La alternativa de
11 El dilema se sitúa en los términos de
“imponer valores al demos” o acabar con la
democracia sólo si se asume un demos con
“preferencias dadas”, cuya voluntad hay
que orientar mediante mecanismos que
prefiguren los resultados (se “diga lo que se
diga”). Mecanismos que dejan intactas las
preferencias. Pero esas son “soluciones”
profundamente inestables. Por esa vía, con
los principios alejados de los escenarios de
la democracia, con facilidad los ciudadanos
acaban por desconfiar de los filtros-procedimientos,
de los principios democráticos
que los inspiran. Unos y otros se perciben
como imposiciones. Al fin, los valores que
se pretenden preservar, alejados de sus nutrientes
naturales, de la ciudadanía, acaban
en hipocresía colectiva y, a la mínima,
cuando aparezca algún “personaje dudoso”
(Laporta) dispuesto a alentar las irracionalidades
contenidas, éstas aflorarán y, en catarata,
arrumbarán con los principios y las
reglas, con la democracia. Los fenómenos
Perot o Gil son bastante elocuentes al respecto.
Como ha mostrado la psicología social,
cuando las creencias o los principios
no se han sometido a discusión, se quiebran
a la primera duda (cfr. E. Aronson: El
animal social, Alianza, Madrid, 1994). Basta
que aparezcan unos cuantos “extremis-
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