2008 481 LNB - Asamblea Legislativa de la República de Panamá

1) Cuentan con una dimensión territorial.
2) Expresan una necesidad de reorganización en un determinado
ámbito territorial, en forma tal, que les permite satisfacer
exigencias primarias o también no primarias.
3) En ausencia de un vínculo territorial, es difuso el interés común
y no general, propio de todos los individuos componentes de
un grupo y, por tanto, no implica sacrificio de alguno. Así,
atendiendo a su carácter pueden considerarse difusos sólo
aquellos que presuponen un bien susceptible de goce no
separado y necesariamente conjunto, por naturaleza o por ley,
por parte de un conjunto de coasociados (ambiente, territorio,
etc.).
4) Finalmente, consideramos como intereses difusos aquellos
intereses que pertenecen a todos y cada uno de los que
conformamos una colectividad humana, que se juntan en torno
a un bien de la vida y que, siendo lesionados, carecen de vías
de tutela en función del desconocimiento real de aquellos que
han sido afectados, o conocidos, por la falta de legitimación
procesal del colectivo para hacer valer el interés particular.
El interés difuso en el proceso administrativo
En virtud de que es por la vía de acción administrativa que se afecta
derechos fundamentales de tercera generación y que, en consecuencia,
convergen intereses difusos, cuya tutela debería también ser
reconocida en el ámbito civil y penal, admitimos que es, en el proceso
administrativo, donde se ha elaborado un mayor desarrollo, por sus
propias características, existiendo la posibilidad de llevar a juicio una
actividad eventualmente lesiva. Tendríamos entonces conformado el
interés difuso como una situación jurídica sustancial y procesal, en
razón de que la actividad de la administración pública incide sobre
un determinado ámbito espacio-territorial, modificándola en dos
sentidos, a saber:
1) modificando el orden de las características urbanísticas de
dicho espacio: edificios, paisajes, monumentos, ecología,
salubridad;
2) cambiando en sentido deteriorante las posibilidades infraestructurales
u organizativas de utilización de los servicios
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