2008 481 LNB - Asamblea Legislativa de la República de Panamá

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86 esenciales, garantizados por una norma constitucional, o considerados necesarios por las normas de legislación secundaria en la materia. Consideramos entonces que, una norma constitucional ha de dirigirse, atendiendo a su generalidad, a todos los coasociados a los que reconoce una situación de ventaja, sin hacer referencia específica a una situación de clase. Y por otro lado, otra norma, si la situación de ventaja es reconocida potencialmente por todos, aunque haciendo la salvedad que tal norma organizativa no se limite a indicar la finalidad pública a la cual deba estar dirigida la actividad de la autoridad administrativa, sino que incluya necesariamente todas las situaciones subjetivas (los intereses) que están en relación con el tipo de poder ejercitado y cuya realización está ligada a un determinado ámbito territorial; aunque hay que tener muy presente que la dimensión del interés frecuentemente no puede ser determinada a través del sujeto del que proviene la norma de calificación o en función del complejo institucional al cual hace referencia el ente que cuida del interés. Este problema es claro a la luz del análisis de las normas constitucionales que se enuncian en términos de interés nacional, de intereses estatales o exclusivamente locales o municipales. Los intereses difusos, tal como hemos visto en el sentido de ser susceptibles de ser tutelados, difícilmente han sido aceptados por los ordenamientos jurídicos pertenecientes a la tradición del derecho continental, destacándose el derecho español, francés, italiano, colombiano y, obviamente, el panameño, inspirados en los principios individualistas del derecho romano, e influenciados por la doctrina tradicional privatista; sin embargo, en aras de mantener un criterio de tutela rígido, en la actualidad presenciamos una lenta evolución en esa dirección, producto de un cambio de paradigma que ha dominado la construcción de los ordenamientos sustantivos y procesales y que, en materia de intereses difusos o supraindividuales, cada vez se tornan más obsoletos para poder responder a las condiciones y exigencias de la vida moderna y, en consecuencia, a poder absorber la emergencia de intereses no imaginados años atrás.
Podemos decir que un tipo particularísimo de interés –en serie– se concreta cuando, por parte de los particulares o de la administración pública, se lesionan algunos valores fundamentales de la convivencia asociada o ciertos principios de orden público, los cuales son reconocidos para toda una colectividad, como es el caso de ser prohibido cualquier tipo de discriminación, ya sea por sexo, religión, raza, etc, teniendo legitimidad para accionar respecto a la tutela de una colectividad, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, donde este último está facultado constitucionalmente para presentar acciones populares o públicas. A manera de conclusión Es notorio que la sociedad panameña, en los últimos años, ha tenido un gran desarrollo de toda índole, específicamente en el aspecto de la construcción y el turismo; sin embargo, en cuanto al avance de las instituciones jurídicas, como es el caso de la tutela de los derechos o intereses difusos, la misma ha tenido poca evolución de pensamiento frente a la emergencia de reclamos de carácter colectivo, que tienen como base la extensión de los derechos que se reconocen en el Estado social y que son propiamente los de naturaleza económica, social y cultural, siendo cuestionable la operatividad de conceptos y mecanismos técnico-jurídicos que garantizan los derechos y libertades fundamentales de carácter individualista, para dar plena eficacia a los mencionados derechos sociales, económicos y culturales que son generadores de un tipo de intereses que diversos autores en la doctrina han calificado de difusos, fragmentarios o, simplemente, supraindividuales. Por ello, estos derechos que son consignados en una norma constitucional, han de ser entendidos no solamente como meros mandatos a los operadores jurídicos, sino como verdaderos derechos subjetivos públicos, sólo de esta manera habrá de evitarse un cúmulo de elementos obstructivos en el plano sustantivo que hoy en día contradice el espíritu del Estado social y democrático de derecho. 87
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