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sencia y su castigo consecuente;
veamos como en 1818, Rosa Guzmán
(27), acusaba:
Declaro que mi hij a Juana
fue mujer legítima de Juan
Tupisa, la que antes de tener
un hijo me perdió el respeto
dándome de bofetadas junto
a su marido Juan, por este
hecho, en ese mismo momento
la desheredé.
También Nicolasa de la
Guerra (28), muerta en Otavalo en
1825, determinaba algo parecido:
Declaro que mi hijo Lorenzo
está eximido de poder heredar,
ni después de mis días
ni incomodar a los demás
mis hijos, porque éstos han
sido obedientes y jamás me
han perdido el respeto faltando
al amor filial; lo que
el dicho Lorenzo me ha faltado
con los deberes de hijo,
poniéndome manos violentas
más de cuatro veces. Esto
he comunicado a mi confesor
y me ha preceptuado
que no debo darle un cuadrante
por haber perdido derecho.
Otros motivos también podían
ocasionar determinaciones se-
mejantes, como lo consideró José
de Vinueza y Villamarin (21 ),
quien categóricamente afirmó:
"Desheredero de mis bienes a mi
hijo José María por el violento casamiento
que hizo estando constituido
en menoridad con arreglo a
las nuevas Pragmáticas de su Majestad".
El desobedecer la patria
potestad al no haber salido de la
minoría de edad fue la causa, como
en otros muchos casos, de esta tajante
determinación paterna.
Como vemos, estos hechos
eran excepcionales pero sucedían
ante el asombro de los padres y el
repudio de los vecinos, y desde
luego, el castigo quedaba registrado
como un estigma para el agresor.
Podemos imaginar el rechazo
que sufrirían estos hijos protervos
ante la sociedad de la época tan
respetuosa del amor y la dignidad
de los padres; quedaban signados
por el dedo de Dios, y así debieron
continuar y consumir sus vidas,
posiblemente entre la vergüenza y
el arrepentimiento.
Lo legal
Todo documento público debía
ser y actualmente lo es, notariado,
autenticado, firmado y testificado;
esta meticulosidad fue heredada
metafóricamente de nues-
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