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tras bisabuelos romanos, nuestros
abuelos españoles y nuestros padres
lo siguieron practicando escrupulosamente;
todo debía estar
escrito, firmado y rubricado para
que tuviera validez; y en lo referente
a testamentos y mortuorias el
caso lo ameritaba en exceso.
Como hemos visto, el testadar
debía declarar quién era, de
que progenitores provenía y sobre
todo que estaba en pleno uso de
sus facultades mentales; una vez
certificadas estas condiciones se
podía proceder a notariar el documento
delante de testigos idóneos;
debía también nombrar albacea y
determinar minuciosamente sus
bienes y a quienes estaban destinados.
Para la tasación y partición
se cobraba por viajes de los Alguaciles,
pregonar al asesor de la causa,
por lectura (según número de
páginas y por la sentencia); por citaciones,
entregar boletas, por los
días que duraba el remate, por certificados,
papel sellado para actas,
pago al tasador y curador, más los
seis reales que el escribano recibía
por redactar el testamento.
Todo debía quedar dentro
del procedimiento señalado por las
leyes y la tradición; lo que no impedía
que el documento pudiera
ser modificado totalmente o a través
de codicilos, estos últimos no
podían ser secretos y contener a la
vez una o más cláusulas aclaratorias
hechas ante notario y testigos.
Era frecuente encontrar al
final del testamento textos como
este:
Revoco y anulo otros y cualquier
testamento, codicilos,
poderes para testar y cualquier
disposición que los haya
hecho antes de este escrito
o de palabra.
Luisa Ortiz y Vargas (19)
fue más clara en 1821, al determinar:
Revoco y anulo y doy por
ninguna y de ningún valor ni
efecto todos y cualquiera
testamentos, codicilos y memorias
que haya hecho, poderes
que haya dado para
testar por escrito o de palabra
antes de éste para que no
valgan ni hagan fe en juicio
ni fuera de él y solamente
éste que al presente otorgo.
Según la ley de Castilla se
estipulaba que la madre, en casos
de naturaleza especial, solo dejara
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