Seguridad alimentaria en la Unión Europea - Instituto de Academias ...

Alimentaria, que definitivamente se crea por la Ley 11/2001, el 5 de julio
(BOE n°161, de fecha 6 de julio de 2001), en cuyo preámbulo o exposición
de motivos se señala que la SA es una exigencia derivada de la
Constitución, que otorga a los poderes públicos la organización y tutela de
la salud, y les encomienda la defensa de los consumidores y usuarios (art.
43, 51 y 149.1.16 a ).
La Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, atribuye a la Administración General del Estado el deber de
adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger y defender los
derechos de los consumidores , y especialmente los que hacen referencia a
la salud y seguridad (art. 39.4). Así mismo la Ley General de Sanidad
14/1986, ordena a los órganos competentes de las Administraciones el
"control sanitario y la prevención de riesgos para la salud derivados de
productos alimenticios; incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas"
(art. 18.10).
Con estos antecedentes y dado que la SA debe prevalecer sobre
cualquier tipo de intereses, su carácter intersectorial de naturaleza
multifactorial y de indudable complejidad, se estimó disponer de un
instrumento que, sin menoscabo de la responsabilidad empresarial y del
marco competencial, puedan aportar un claro valor añadido a la gestión de
la SA en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y
consumo. Por ello el Congreso de los Diputados aprobó en junio de 1999,
una Resolución instando al Gobierno a la constitución de una AESA.
El objetivo general de la AESA se resume en "proteger la salud
pública, contribuyendo a que los alimentos destinados al consumo humano
-considerando la cadena alimentaría en su integridad desde la producción
hasta el consumo- sean seguros y garanticen su calidad nutricional y la
promoción de la salud".
La AESA deberá proteger también los intereses de los consumidores
actuando bajo los principios de transparencia e independencia, adoptando
sus decisiones previa valoración científica de los riesgos existentes, con la
participación de los consumidores, operadores económicos y sociales y la
comunidad científica.
Igualmente impulsará la cooperación de todas las Administraciones
Públicas competentes, constituyéndose en centro de referencia en el
análisis de riesgos alimentarios, y por último, definirá las nuevas
necesidades normativas y ejecutivas relativas a la SA, incorporará aspectos
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