Ciudades sin Violencia hacia las Mujeres Ciudades Seguras para ...

la ciudad. Ello forma el entramado que socava de arranque el discurso de igualdad que
portan las políticas sociales.
Ambas dimensiones requieren políticas orientadas a la seguridad ciudadana con perspectiva
de género en todas las políticas públicas estatales —salud, educación, servicios
urbanos—, todo lo que amplía las oportunidades de las mujeres de generar relaciones
más autónomas. No son entonces sólo políticas hacia la violencia contra las mujeres, sino
la constatación de que las políticas sociales sin dimensión de género, transversal a todas
ellas, limitan el impacto de las políticas públicas orientadas a la violencia en el marco de
la construcción democrática. La perspectiva integral e interrelacionada de las políticas
públicas existentes es fundamental, como lo es también el incorporar en ellas las nuevas
dimensiones que fortalezcan las perspectivas de derechos de las mujeres, como los derechos
sexuales y los derechos reproductivos, por su significación clave en la autonomía
física de las mujeres.
Las políticas sociales, para ser efectivas, requieren considerar la voz de los sujetos sociales,
como lo recuerdan muchas de las intervenciones y análisis. Voz para denunciar, pero
no sólo eso, sino para evidenciar diferenciaciones en el uso de los espacios, en la dimensiones
espacio-temporales, para que las mujeres puedan incorporar sus tiempos, recorridos
y exigencias a la ciudad. Y son políticas que deben combinar dimensiones de redistribución
y dimensiones de reconocimiento.
Es en este enfoque, más dialogante, donde podemos ubicar las estrategias de “convivencia
ciudadana”, entendidas como reconocimiento de la diversidad, desde el reconocimiento
del Otro/Otra como par. Sin embargo, con profundas desigualdades económicas, étnicas,
de género, raciales, ¿cómo se puede dar esta relación entre pares? Indudablemente la
convivencia alude a la negociación democrática del conflicto. Pero, para esa negociación,
las mujeres requieren consolidar su condición de sujetos de derecho. No las van a tratar
como iguales porque la convivencia lo exige, sino porque ellas lo exigen. Y la heterogeneidad,
que es lo que garantiza la expresión de la diversidad en un espacio público
plural, con reconocimiento activo de las diferencias, expresa acá también su contenido
ambivalente, como expresión de fragmentación en la que las diferencias, no cualificadas,
tienen valor en sí mismas y no en interrelación. Si una política de seguridad ciudadana
debe tender a modificar las reglas de comportamiento que regulan estas relaciones hacia
disminuir los índices de violencia, ello obliga a la pregunta política sobre qué diferencias
merecen reconocimiento, para evitar el riesgo señalado por Fraser, el de las “diferencias
despolitizadas”, como negociar un pluralismo democrático. 68
Preguntas relativas a cómo distinguir las demandas de reconocimiento democrático de
las antidemocráticas, las justas de las injustas; qué reclamos de identidad están enraizados
en la defensa de relaciones de dominación y desigualdad, cuáles deben ser abolidas,
cuáles promovidas, cuáles reclamos de identidad son significativos para la democracia y
cuáles no: son interrogantes que abren una gama significativa de disputas y negociaciones
ciudadanas.
68 Chantal Mouffe dice que es la política democrática la que establece límites al pluralismo, pero el establecimiento
de ese límite es una cuestión política, resultado de acuerdos pragmáticos y contingentes, necesitados de una
permanente negociación y justificación. En La paradoja democrática.
64
Cuadernos de diálogos 1