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Conclusiones y recomendaciones 107en acciones concretas. Ello los llevaría también a desarrollarplanes regionales y locales, así como sistemas de seguimientoy monitoreo de los avances en el logro de las metas que estosdocumentos proponen. También se puede rescatar el hecho deque varios documentos de política a favor de la primera infanciacomo el Plan Nacional de Educación para Todos (2005)o el Código de los Niños y Adolescentes (2000) reconocen ypromueven tanto el rol del Estado como el de institucionesprivadas y organizaciones civiles y sociales en la atención quese brinda a niños y adolescentes en el país.Tanto la primera como esta tercera recomendación serviríanpara posicionar el tema de primera infancia en el debatepúblico y destacar a la primera infancia como una etapa claveen el desarrollo del individuo; una razón por la cual es pocofrecuente que las empresas busquen asociarse al Estado parainvertir en programas de desarrollo temprano, de atenciónintegral y/o de educación inicial.(4) Analizar el actual marco legal de APP para establecer si solo esnecesario adaptarlo o hay que reformularlo para contemplarla formación de alianzas para la entrega de servicios sociales.Tal como lo mencionan algunos de los entrevistados, la regulaciónde las APP permitiría que se formulen convenios conestabilidad y consecuencias atadas al incumplimiento. En estemarco habría que definir si se permite que participen empresasprivadas con fines de lucro y, si fuera así, cuáles serían losbeneficios (desde utilidades hasta incentivos tributarios). Eneste sentido, la Ley Nº 27804 publicada el 2002 establece quedonaciones a entidades como beneficencias, asistencia social,educación entre otras podrán tener una deducción del 10%del impuesto a la renta neta de tercera categoría. Sin embargo,en años anteriores la existencia de incentivos tributarios parala donación e inversión en estos sectores era mayor, por lo quevaldría la pena analizar las posibilidades y los riesgos de impulsareste tipo de medidas. Como ejemplo de los incentivos