informe nacional sobre la gestión del agua en venezuela - Cap-Net

Un último aspecto inportante de destacar es sobre las normas de protección dederechos indígenas y de campesinos. En el caso de estos últimos, la ley de ReformaAgraria les concede prerrogativas para los usos y aprovechamientos de los recursoshídricos, y los conflictos generalmente se dirimen en las Asociaciones de Regantes. Losderechos de los indígenas han quedado particularmente protegidos con la nuevaConstitución, donde se establece que el Estado reconocerá su hábitat y derechosoriginarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. También seestablece que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenaspor parte del Estado, se hará sin lesionar su integridad cultural, social y económica,siendo además necesaria la información y consulta previa a las comunidades afectadas.3.7 Análisis de los desafíos, conflictos y elementos críticos para el desarrollosustentable de los recursos hídricos en el largo plazoLa solución permanente de nuestros problemas en la gestión del recurso hídrico no essimple. Se requiere desde organización hasta cambio en las actitudes y los hábitos deconsumo, así como tecnología, grandes inversiones, y muy especialmente voluntadpolítica para apoyar estos cambios. Presupone también una distribución más racional dela población y las actividades económicas en el territorio. Es parte, por tanto, de unesfuerzo más coherente y deliberado de desarrollo 2 .En efecto, se requiere un esquema de políticas que permitan pasar del Estadoproveedor al Estado regulador, y ello se logra fundamentalmente descentralizando lagestión de los recursos y servicios asociados, y promoviendo una participación activa yresponsable por parte de los usuarios, quedando al Estado un rol de planificación,regulación y asistencia técnica.En Venezuela, la excesiva centralización de la administración de los recursos naturales,ha traído como consecuencia el crecimiento desmedido de un ente del Gobierno Centralque no tiene la organización adecuada para atender todas las obligaciones y tareascontraídas dentro de su amplio rol de planificador, financista, ejecutor y regulador, locual, además de originar un evidente conflicto de competencias, le resta eficiencia a sugestión, y finalmente se sacrifica la capacidad reguladora del Estado, que debería ser sufunción primordial.A esta situación debe añadirse el hecho de que la constitución recientemente aprobada,concentra aún más la mayoría de las decisiones sobre gestión pública en el gobiernocentral, agudizando con ello la problemática antes señalada. A pesar de que dichaconstitución crea un Poder ciudadano, no le promueve a este último ningún tipo deresponsabilidad, ya que la atención de todas las necesidades sociales y económicasquedan como derechos del ciudadano y por supuesto, obligación del Estado.2 Francés, Antonio. Venezuela posible. Siglo XXI. Ediciones IESA. Caracas, 1999Informe Nacional sobre la Gestión del agua en Venezuela 58