CUARTA PARTE • CAPÍTULO 1porque diez años después todavía duele saber que Martin Rivas puede seguir haciendo su vida tranquilo, sinque estas muertes le pesen, todavía nos duele saber que existe un asesino Fujimori viviendo en Japón sin queestas muertes les sean castigadas». 55La CVR considera que, en un país como el Perú, 56 con una larga tradición de impunidad, corrupción y accesolimitado a la justicia, el primer paso hacia la reconciliación sólo puede darse si los perpetradores de crímenes57 de lesa humanidad —que no son aquéllos que combaten armados en igualdad de condiciones— asumensu responsabilidad, comparecen ante la justicia y pagan su deuda con la sociedad.3.5. Perdón: complemento de la reconciliaciónNi la reconciliación ni el perdón equivalen a impunidad. Impunidad es otro nombre de la injusticia. Por eso, laCVR entiende la justicia como el eje de la reconciliación, su condición de posibilidad y su resultado, su punto departida y de llegada. El ejercicio de la justicia garantiza la realización de la reconciliación. Además de la justicia,se ha señalado otra condición de posibilidad o punto de partida de la reconciliación, incluso anterior a la justiciamisma: la verdad —en el sentido del esclarecimiento de los eventos de violencia—. Sin la verdad no puede administrarsejusticia ni restablecerse el orden o vínculo social destruido. Así, la justicia posibilita la reconstruccióno refundación de un verdadero acuerdo o pacto social, en el que desaparezcan el encubrimiento, la falsedad y ladesconfianza, condiciones de la fractura social que constituyó el terreno de cultivo del conflicto armado interno:Creemos de que debe haber otro tipo, la justicia, y sin justicia no va a haber reconciliación porque la gente quierepor lo menos que castiguen a los autores. ¿Quiénes son los autores? No existen autores con nombre: hay un seudónimopero sí hay un jefe que estuvo responsable de esa época, [...] es la competencia que le corresponde al PoderJudicial. Si el Estado tiene interés en investigar, sancionar y hacer la reparación tendrá que decir: «Bueno, señoresdel Poder Judicial, acá están estos documentos que estamos ahora trabajando». Es un esfuerzo personal,esfuerzo colectivo y creo que una gratitud para la persona que me dio su testimonio que si no se hace eso estamos[...]. Esa gente estaríamos [...] siguiendo [...] engañándoles y tiene razón mucha gente cuando da testimonio. 58La impunidad en Santiago de Pupuja 59 , la de los asesinos de María Elena Moyano, 60 o la famosa ley deamnistía de 1995, tergiversan gravemente todo el sentido de la justicia, el perdón y la reconciliación:El 21 de febrero fueron condenados ocho miembros del Ejército por el asesinato del estudiante y el profesor; laspenas fluctuaban entre 1 a 20 años. Posteriormente, el 14 de junio de 1995, 11 meses después de ser sentenciado,el Congreso de la República aprobó la famosa ley de amnistía, esto es, que los oficiales o subalternos salieran enlibertad [...]. Necesitamos perdonar, pero este perdón pasa por un arrepentimiento sincero de quienes nos hando impune, [...] Y, creo yo, que desde el comienzo, ha estado él enterado de los hechos. Ni siquiera se le llama para que dé su testimonio, ahíen Lima. [...] tanto por los militares, por todo el poder, el Gobierno y el poder judicial que, bueno, ha tenido [...] ha colaborado con ellos,porque si el poder judicial se hubiera puesto, como se dice en sus trece, fuerte y hubiera cumplido con el deber, como les corresponde, comopoder autónomo, no hubiéramos terminado en lo que hemos terminado». CVR. BDI-I- P567. Audiencia pública de casos en Huanta. Caso 1.Primera sesión, 11 de abril de 2002. Testimonio de familiares de las víctimas, periodistas asesinados en Uchuraccay.55 CVR. BDI-I-P592. Audiencia temática sobre Universidad Pública y Violencia. Caso 10. Segundo bloque, 30 de octubre de 2002. Testimoniode Gisela Ortiz Pera. Mujer, familiar de víctima.56 «Así señores, así es como me invitaron a un congreso en Argentina, en Argentina todo el testimonio que contaba parecía que el mismomilitar que ha ido de aquí del Perú, había cometido esos crímenes; entonces lamentablemente no podíamos hacer nada. No había ningunarespuesta, todo ha sido impune, han quedado todos los crímenes». CVR. BDI-I- P577. Audiencia pública de casos en Huanta. Caso 7.Segunda sesión, 11 de abril de 2002.57 «También debe responder el Gobierno de Fujimori, Montesinos y Hermoza que son los responsables de todos los muertos y heridos del92 en adelante [...] y deben responder, ni siquiera son capaces de asumir lo que es la reacción, por nuestra parte si hemos mostrado aunqueasumimos, reconocemos». CVR. BDI-I-P253. Entrevista en profundidad. Aucayama (Huaral), septiembre de 2002. Mujer, dirigente degrupo subversivo detenida que asumió su autocrítica.58 CVR. BDI-I-P391. Entrevista en profundidad. Tarapoto (Tarapoto), julio de 2002. Hombre, profesor, testigo.59 «En Santiago de Pupuja, actualmente hay gente que estuvo en Sendero y son autoridades, entonces, sí, sí queda desconfianza, ¿quéserá, quién será éste, qué nos podrá hacer?; [...] como que hay una cierta impunidad, no sólo por parte de militares, sino también porparte de senderistas, que mataron, hicieron todo lo posible, lo que quisieron y después por sus, por sus amigos o por su declaración, o loque sea, salieron libres cuando toda la gente sabe que fueron así y que pueden también ser así, una impunidad también por ese lado, no?[...]». CVR. BDI-I-P250. Entrevista en profundidad. Juliaca (San Román), junio de 2002. Autoridad religiosa.60 «Después de nueve años de muerte de María Elena, [...] hoy las cómplices, andan sueltas, hoy las que le mataron, andan sueltos. Noqueremos que se quede impune. Hoy esa gente, también celebra o se golpea el pecho y también la memoria de María Elena se utiliza parafines políticos». CVR. BDI-I-P544. Audiencia Pública de casos de Lima. Cuarta Sesión, 22 de junio de 2002. Testimonio de Esther Flores.TOMO <strong>IX</strong> • PÁGINA 32
FUNDAMENTOS DE LA RECONCILIACIÓNcausado tanto daño y abrieron estas heridas profundas que quizás nunca cicatricen; ese perdón pasa por verdady justicia, necesitamos reconstruir nuestra memoria histórica [...]. 61Lo mismo se presenta en lo manifestado públicamente en la Audiencia de Lima. La impunidad es rechazaday percibida como un obstáculo del proceso de reconciliación del país: «Por ejemplo, al mayor César QuirozChávez, quedó completamente indemne. El capitán César Santoyo Castro, que fue el que directamente, elque ordenó que lo rematen en Radio Patrulla de La Perla, hasta ahora no es habido. El comandante PedroGonzáles Posada, el capitán Santiago Bazán Yapas, el capitán César Izquierdo Vicente, el capitán César InchaústeguiJiménez, también se confabularon. O sea, individuos de la Policía Nacional que actuaron como verdaderosdelincuentes. A ellos no se les hizo nada. Sin embargo, a los otros sí se les castigó [...]». 62Estas distinciones esenciales no son comprendidas del todo por diversos sectores de la población, especialmentepor aquellos directamente involucrados en el conflicto interno armado. Desde muy distintos frentesexisten presiones para comprender la reconciliación como perdón o amnistía en beneficio de sus respectivasperspectivas. 63 Una intensa pedagogía debe ponerse en marcha para despejar estos malentendidos nocivosque pueden obstaculizar un cabal proceso de reconciliación.4. LA RECONCILIACIÓN COMO REFUNDACIÓN DEL PACTO SOCIALLa reconciliación debe ser entendida como un proceso de reconstrucción del pacto social y político. Estareconstrucción del pacto social es característica de la formación de cualquier Estado. El Estado, por definición,se renueva permanentemente recogiendo, representando y reconociendo los acuerdos e intereses ciudadanos.La violencia en el Perú vulneró y quebró la legitimidad del Estado como instancia del pacto social.El conflicto, aquí, representó la discordia y la desunión entre los peruanos y de éstos con el Estado. Un sectorminoritario de peruanos desconoció conscientemente el consenso como fuente del pacto social democráticoque representaba el Estado y se rebeló contra él desarrollando una guerra para destruirlo —o, comoseñalaron literalmente, para «demolerlo»—. Sin embargo, su propuesta alternativa pretendía conducir a laconstrucción de un nuevo estado titulado «Estado de Nueva Democracia» de corte totalitario y tiránico.Esta propuesta demostró claramente el carácter terrorista, antidemocrático y antipopular que le daba sustento.La sociedad civil y la población, así como el propio Estado, enfrentaron el conflicto y el país de prontose vio envuelto en una espiral de violencia, muerte y destrucción.Durante décadas, la sociedad peruana ha luchado por democratizar cada vez más al Estado intentandohacer de él un instrumento ético que apoye la vida ciudadana en todos sus ámbitos. La irrupción de la violenciay el terror quiso hacer abortar dicho proyecto democratizador que provenía del viejo ideal republicano de unEstado democrático —en el que la libertad y la igualdad de oportunidades constituyen principios básicos—. Larepresión y las políticas contrasubversivas evidenciaron la fragilidad del pacto social expresado por el Estado ydieron paso a una militarización y a una represión generalizada en importantes sectores de la población; elloposibilitó la violación sistemática de sus derechos civiles. La lucha contrasubversiva no se asentó ni extrajo suapoyo inicialmente de las experiencias democráticas que llevaban a cabo muchos sectores de la ciudadanía y, alcontrario, se las dejó de lado, malinterpretándolas y sospechando, algunas veces, que fueran subversivas.A la sanguinaria e implacable acción de la subversión contra la población y el Estado, sólo se le respondiócon la acción militar. Las fuerzas políticas en el Estado y los partidos políticos no tuvieron la capacidad deenfrentar en el terreno político el conflicto que tenían entre manos. Sin embargo, las comunidades campesinasy nativas, así como la población urbana en todo el país, respondieron al flagelo que el terror generaba. Enotras palabras, la ausencia y la debilidad del pacto social y político, esto es, la falta de presencia del Estado en61 CVR. BDI-I-P593. Audiencia temática sobre Universidad Pública y Violencia. Caso 10B. Sesión única, segundo bloque, octubre de 2002.Testimonio de Carmen Amaro.62 CVR. BDI-I-P534. Audiencia pública de casos en Lima. Caso 13. Testimonio de Carlos Rodríguez Ibáñez. Las víctimas eran estudiantesde medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los torturaron para luego asesinarlos.63 «Debe abrirse paso a una política de reconciliación que incluye niveles de perdón y amnistía para la gente que tuvo una participaciónen los grupos subversivos. Creo que es parte de la reconciliación. Yo no digo que más tarde amnistíen a Abimael Guzmán, ni muchomenos, pero, como fenómeno social es muy difícil conseguir que cuatro mil o cinco mil peruanos que simpatizaron y actuaron con Senderopodrían ser marginados de un proceso de reconciliación». CVR. BDI-I-P257. Entrevista en profundidad. Juliaca (San Román), junio de2002. Varón, ex autoridad política.TOMO <strong>IX</strong> • PÁGINA 33
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