CUARTA PARTE • CAPÍTULO 2A.9. Incentivos al personal estatal que trabaje en zonas afectadas por el proceso de violencia y alejadasdel entorno urbanoSe trata de asignar incentivos, económicos o de puntaje curricular en concursos a los profesionales de la educacióny salud que trabajen en las zonas afectadas por el proceso de violencia y alejadas del entorno urbano.A.10. Reconocimiento e integración de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en el marcojurídico nacionalUno de los sectores más duramente golpeados por la violencia y el abandono son los pueblos indígenas. Esrecomendable que el Estado promueva el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos específicos delos pueblos indígenas y comunidades en el marco jurídico nacional, e incluirlos de manera importante en elproceso de reforma constitucional, con la finalidad de brindarles una protección jurídica justa y legítimacomo sujetos de derechos y reafirmar la diversidad y pluralidad de la nación peruana. Algunas propuestasen este sentido son las siguientes:• Inclusión de derechos individuales y colectivos en el texto constitucional.• Definición del Estado peruano como una Estado multinacional, pluricultural, multilingüe ymulticonfesional.• Interculturalidad como política de Estado. En función de ello debe quedar establecida la oficializaciónde los idiomas indígenas y la obligatoriedad de su conocimiento por parte de los funcionarios públicosen las regiones correspondientes. Asimismo, debe promoverse el desarrollo de la educación bilingüeintercultural, con capacitación de maestros y diseño de currículos y materiales de enseñanza. Finalmente,debe promoverse la salud intercultural, lo que implica formación de personal adecuado, asícomo que ésta sea participativa y descentralizada, con prevención de enfermedades y ampliación delos servicios básicos a toda la población indígena.• Existencia legal y personalidad jurídica como pueblos y de sus formas de organización comunal.• Tierras y territorios tradicionales inalienables, imprescriptibles, inembargables e inexpropiables.• Derecho y administración de justicia indígena de acuerdo con los derechos humanos y acceso a la justiciaordinaria con juzgados especializados en materia indígena.• Reconocimiento de mecanismos tradicionales de justicia alternativa.A.11. Creación de una institución u órgano estatal de política en materia indígena y étnicaEs necesario que el Estado peruano, en cumplimiento de un conjunto de obligaciones internacionales, desarrolley fortalezca un sistema institucional apropiado para la atención y promoción del desarrollo de los pueblosindígenas y afroperuanos, y de sus comunidades. Particularmente crítica es la situación de las comunidadesnativas de la selva central, que sufrieron especialmente la acción de los grupos subversivos y el abandono delEstado. Debería explorarse la creación de un órgano con suficiente fuerza y autonomía técnica, administrativa,económica y financiera, que aglutine las atribuciones, programas y proyectos de los diversos sectores públicos,con competencias para normar, dirigir, y ejecutar políticas planes y programas de desarrollo.Finalmente, la CVR quiere dejar constancia de una preocupación que escapa a los alcances inmediatos desu mandato, por lo que no se traduce aquí en recomendaciones concretas. En algunas zonas del país, la violenciaadquirió niveles de gran brutalidad porque se entrecruzó con otros conflictos que requieren una atenciónurgente, y que tienen que ver con litigios por propiedad de tierras, por ejemplo. Otro tema de gran importanciaes el de la difusión de la economía del narcotráfico y de políticas de erradicación que afectanespecialmente a pueblos y comunidades indígenas. Estos problemas se han convertido en algunas zonas, despuésde veinticinco años, en casi permanentes; y lo que empezó como un problema local ha llegado ahora atener dimensiones internacionales que afectan centralmente las relaciones con los Estados Unidos y la comunidadinternacional en general. Estas situaciones requieren de una atención decidida por parte del Estado.Por último, se presentan también recomendaciones que buscan fortalecer a las organizaciones políticas ysociales para que cumplan funciones de intermediación entre el Estado y la sociedad en todo el territorio:TOMO <strong>IX</strong> • PÁGINA 90
RECOMENDACIONESA.12. Dación de una ley de partidos y modificaciones al sistema de representaciónLos partidos políticos son fundamentales para la vida del país y es necesario fortalecerlos para que cumplanmejor sus funciones de representación e intermediación. Es importante promover su presencia en todo el territorionacional para que los intereses y voces de todos puedan encontrar expresión en la arena política. Paraello, es importante que la ley de partidos propicie la democracia interna en esas organizaciones, así como quela representación política cubra todo el territorio y todos los sectores sociales, y evitar la proliferación de gruposcontrarios al sistema. Debería revisarse el sistema electoral (entendido como la conversión de votos encargos electivos) para favorecer la representación de los sectores marginados de la sociedad.A.13. Fortalecer la concertación para la lucha contra la pobreza y para propiciar el desarrolloEn los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por abrir espacios participativos —que han movilizadoenergías y expectativas de las organizaciones participantes y de la población en general en muchas localidadesen todo el país— que no deben perderse. Para ello, los gobiernos locales y regionales deben canalizar esosesfuerzos por medio de la elaboración de presupuestos participativos, consejos de coordinación y otras instancias.Las mesas de concertación han demostrado ser un espacio positivo de diálogo y concertación entre elEstado y la sociedad civil que debe seguir contribuyendo a esa tarea en los espacios regionales y locales.A.14. Incentivar la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de su vida (escuela, entorno vecinal,educación superior, laboral) estimulando la formación de líderesLa formación de líderes juveniles, socializados en valores democráticos, es fundamental para luchar contra laproliferación de ideologías violentistas. Existe mucha participación juvenil en actividades de barrio, deportes,clubes, protección del medio ambiente, iglesias, etc. Además, existe el Consejo Nacional de la Juventud, al quecorresponde fortalecer las formas de participación e instituciones ya existentes.B. Recomendaciones para afianzar una institucionalidad democrática basada en el liderazgo delpoder político para la defensa nacional y el mantenimiento del orden internoLa violencia originada por los grupos subversivos pudo adquirir las proporciones que adquirió debido a,entre otros factores, una respuesta estatal desacertada. Precisamente, el reconocimiento de los errores fue fundamentalpara la derrota de la subversión, y lo es para que el problema no se repita, más todavía considerandoque todavía están presentes algunos remanentes de los grupos violentos.Los errores cometidos tuvieron dos dimensiones. Una primera es la abdicación de la autoridad democráticadel Estado. El poder civil no cumplió con su responsabilidad de conducir la lucha contra los grupos subversivos,y delegó en las Fuerzas Armadas y Policiales esa tarea, para la que no estaban preparadas; se tratabade una lucha no sólo militar, sino, fundamentalmente, política. Así se generalizaron la declaratoria de estadosde emergencia y el establecimiento de comandos político-militares bajo responsabilidad castrense en todo elterritorio nacional. En este cuadro, las Fuerzas Armadas desarrollaron tendencias hacia una autonomizaciónperniciosa, sin posibilidad real de control democrático de sus acciones. Una herencia de esta tendencia deautonomización no democrática de las instituciones castrenses se dio en la década de los años noventa con losservicios de inteligencia, lo que permitió un manejo irresponsable de la lucha contrasubversiva y un uso políticode la información de inteligencia con el propósito de amedrentar a los opositores del Gobierno y crearuna red de corrupción. Por ello, la CVR propone un conjunto de reformas que buscan asegurar el liderazgodemocrático civil del sistema de defensa nacional y del mantenimiento del orden interno.Otra dimensión de los errores cometidos fue la desconfianza de las fuerzas del orden frente a la poblacióncivil, población que en realidad era víctima de las acciones de las fuerzas subversivas y no cómplice de ellas.Esto llevó a políticas de represión indiscriminada y violatorias de los derechos humanos no sólo moralmentecondenables e ilegales, pasibles de acción penal, sino también totalmente contraproducentes, ya que resultaronfuncionales a la estrategia de la subversión —que quería presentar al Estado peruano como ajeno a la población—.Por ello, la CVR propone también recomendaciones que buscan que las fuerzas del orden cumplancon su función de proteger a la población civil respetando los derechos humanos.TOMO <strong>IX</strong> • PÁGINA 91
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