CUARTA PARTE • CAPÍTULO 2desarrollo. También se registró que, allí donde el entramado político y social fue más denso, en espacios dondeactuaron partidos políticos y organizaciones sociales, la población contó con más recursos para hacer valer susderechos. En suma, la presencia del Estado y de las organizaciones políticas y sociales constituyó un muro decontención para el accionar subversivo, y también para evitar respuestas represivas indiscriminadas.Por ello, la CVR considera muy importante desarrollar iniciativas para fortalecer la presencia del Estadoen todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más afectadas por el abandono y la violencia. Dichapresencia del Estado debe, además, buscar nutrirse de y fortalecer a las organizaciones políticas y socialesexistentes, recoger su dinamismo y diversidad, abriendo espacios para la participación de la ciudadanía. Precisamente,algunos de los grandes protagonistas de la derrota de la subversión han sido las rondas campesinas,los comités de autodefensa, las comunidades campesinas, los dirigentes populares, los militantes de basede los partidos, las autoridades locales; estos protagonistas constituyeron la primera línea de defensa de lasociedad ante la amenaza de la subversión, y deben ser reivindicados.Presentamos tres tipos de recomendaciones: un primer conjunto busca apuntalar la presencia estatal y lavitalidad de la organización social en las zonas rurales más directamente afectadas por la violencia en cuantoal mantenimiento del orden interno y el acceso a la justicia; las segundas se refieren a la presencia de las institucionesdel Estado vinculadas a oportunidades de desarrollo; y las terceras se refieren a la presencia de organizacionespolíticas y sociales como mediadoras entre la sociedad y el Estado.A.1. Desarrollar políticas y normas para la colaboración indispensable entre la Policía Nacional, los municipiosy la ciudadaníaDesarrollar las normas y la política que conduzcan a una eficaz interacción entre la Policía Nacional y los municipios,de un lado, y entre la misma Policía y la ciudadanía del otro, con el objetivo de garantizar la eficacia ycalidad social de la función policial dentro de la sociedad, al tiempo que se crean mecanismos para que los posiblesabusos que se cometan, sean prevenidos y, de producirse, puedan resultar rápida y eficientemente solucionados.Una iniciativa en este sentido sería también el fortalecimiento de los comités por la paz y el desarrollo.A.2. Fortalecer la institucionalidad de las rondas y de los comités de autodefensa (CAD), adecuadamentereglamentada. Estudiar la posibilidad, en el mediano plazo, de conformar una policía ruralDada la importancia que tuvieron las rondas campesinas y los CAD en la derrota de los grupos subversivos esfundamental normarlas adecuadamente, de modo de evitar la criminalización de sus miembros por el ejerciciode las prácticas de autodefensa, desarrollo comunal, resolución de conflictos y administración de justicia.Deberá evaluarse la posibilidad de seleccionar a los miembros de los CAD para que, previa calificación, constituyanlos primeros destacamentos de la policía rural, en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Estaposibilidad adquiere gran relevancia dada la experiencia y la calificación de los miembros de estas organizaciones;experiencia y calificación que podrían aprovecharse en el contexto actual para asegurar la pacificación.A.3. Fortalecer la justicia de pazEn lo referente a la justicia de paz es muy importante constatar que está cerca de la población y es respetadapor ella. Mientras más alejado está un grupo humano de los centros urbanos, o mientras más periférica essu ubicación dentro de las ciudades mismas, el juez de paz se convierte en un pacificador de crecienteimportancia. Tiene las ventajas de ser un conciliador, de gozar en general del respeto de la mayoría de laspersonas, y de estar muy cerca de los hechos que llegan a su conocimiento, por lo que puede apreciar adecuadamentelas circunstancias debatidas en el conflicto y, en muchos casos, aun sus antecedentes. La justiciade paz fue inmisericordemente agredida durante el período de violencia, especialmente por el PCP-SL,y la razón es que era una de las pocas instituciones que garantizaba orden desde la organización del Estadoen las zonas rurales o pequeños poblados del país. Basada en estas comprobaciones, la CVR considera unavance significativo de pacificación fortalecer la justicia de paz y darle competencias suficientes como paraque pueda solucionar buena parte de los conflictos de la vida cotidiana de las personas.TOMO <strong>IX</strong> • PÁGINA 88
RECOMENDACIONESA.4. Mejorar el acceso a la justicia para todos aumentando el número de defensores de oficio, número dedependencias judiciales y dotando de mayores recursos a los Consultorios Jurídicos PopularesUn reciente estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo revela que aproximadamenteun tercio de la población peruana no puede acceder a la justicia y estos son precisamente los sectoresmenos favorecidos de la sociedad. Este es un hecho gravísimo que tiene varias explicaciones: causasgeográficas y demográficas, dificultades económicas del sistema de justicia y de los usuarios, difícil acceso almercado de profesionales y la corrupción. Para asegurar una tutela judicial efectiva, el Estado debe garantizarel acceso a la justicia a la población peruana que la requiera, y para ello debe desarrollarse la administraciónde justicia fuera de zonas urbanas, tratando de acercarla al lugar de residencia del litigante. Asimismo, uno delos temas importantes que se deben tratar, desde la perspectiva de los supuestos perpetradores, debe ser incrementarel sistema de defensa de oficio que ofrece el Ministerio de Justicia, así como reducir significativamentelos costos de acceso al patrocinio de abogados, los costos judiciales y la duración de los procesos.A.5. Establecimiento de un sistema de defensa de los derechos humanos mediante la creación de instanciasespecializadas en el ámbito policial, judicial y del Ministerio Público, especialmente en las zonas dondela violencia tuvo mayor impactoSe deben establecer unidades especializadas en el Ministerio Público para la investigación de casos de violaciónde derechos humanos, con especial énfasis en los casos ocurridos durante el conflicto armado; asimismo,en los casos en que el supuesto perpetrador sea el Estado deberá establecerse una comisión indagatoria imparcial,competente e independiente.Las recomendaciones enunciadas hasta aquí se refieren a las tareas de mantenimiento del orden interno yde acceso a la justicia, de modo que se asegure que los conflictos puedan resolverse por vías institucionales.Pero la presencia del Estado debe manifestarse en las áreas rurales más golpeadas por la violencia ofreciendotambién oportunidades de desarrollo. Aquí resulta fundamental el papel que juegan los Gobiernos locales yregionales, y el éxito del actual proceso de descentralización. Uno de los problemas de las zonas más golpeadaspor la violencia ha sido y es su aislamiento, su baja densidad demográfica y la dificultad de la institucionalidadestatal para integrar a los pueblos indígenas. Por ello se propone lo que se presenta a continuación.A.6. Establecer metas de corto plazo referidas a las políticas de Estado aprobadas en el Acuerdo Nacionalcon prioridad de aplicación en las zonas afectadas por la violenciaRespecto de diversas iniciativas en curso, la CVR recomienda que las zonas que han sido afectadas particularmentepor la violencia sean tomadas como prioridad para la aplicación de políticas publicas que permitanuna presencia efectiva del Estado y se pueda, en forma eficaz y concreta, poner el Estado al servicio delos peruanos y peruanas de estas regiones. Ello requiere una accion concertada del Gobierno central y delos gobiernos regionales y locales.A.7.Establecer en las localidades políticas institucionales que aseguren la incorporación de las necesidadesde las poblaciones con poca capacidad de presión en los planes y presupuestos municipales.A.8. Recomendar a los gobiernos regionales de los departamentos de alta ruralidad, particularmente deaquéllos que fueron más afectados por la violencia, la realización de planes de ordenamiento territorialconcertados con las municipalidades, para permitir la atención integral de las necesidades de laspoblaciones de poca densidadNo basta con abrir espacios de participación como los consagrados en planes y presupuestos participativos, porqueellos, si bien pueden ser aprovechados por los sectores más organizados y articulados a la institucionalidadestatal, pueden dejar de lado a las poblaciones más requeridas de atención. Una expresión de su debilidad esprecisamente su dificultad para formular sus necesidades y aprovechar los espacios participativos existentes.Los gobiernos locales y regionales deben tender a tejer una red de atención al territorio que asegure mejoresservicios y mayor progreso económico y social en las zonas más alejadas de las ciudades y centros poblados.TOMO <strong>IX</strong> • PÁGINA 89
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