La infancia, la adolescencia y el ambiente sano - Procuraduría ...

La protección especial para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
dos formularon intervenciones de protección
especial dirigidas a este grupo
poblacional.
En el 2003 se estimaba que alrededor de
7.000 niños y niñas, principalmente entre los
15 y 17 años, se encontraban vinculados a
grupos armados ilegales y que otros 7.000
eran miembros de milicias urbanas de estos
mismos grupos 39 . Para abordar esta problemática,
es necesario identificar que la acción
del Estado, la Sociedad y la Familia debe ir
dirigida en dos vías: de una parte, hacia la
prevención de la vinculación, a través de
políticas públicas que garanticen el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales de
esta población y que eviten que los jóvenes
encuentren como salida a su situación de
marginamiento, violencia, maltrato y desplazamiento,
su vinculación al conflicto armado;
y de otra, la acción de protección y
restablecimiento de derechos de aquellos
jóvenes que se han desvinculado de éste. En
los últimos cinco años, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ha brindado protección
a más de 2.000 de estos jóvenes y
de estos, 480 se encontraban vinculados a
procesos judiciales, los cuales mediante la
directiva expedida por el despacho del Procurador
y con el acompañamiento de los
personeros municipales a cierre del 2004 se
les había dictado a 320, cesación de procedimiento.
Se espera que en el proceso de
desmovilización de las autodefensas de Colombia
las cifras de niños y adolescentes
desvinculados del conflicto armado aumenten
considerablemente.
El niño o niña que ha transgredido la ley
penal requiere protección y educación es-
CAPÍTULO TRES
pecial. Su participación en acciones
delictivas, se relaciona con familias caracterizadas
por la violencia, condiciones de
pobreza y miseria, insatisfacción de necesidades
básicas, la desesperanza que produce
la falta de oportunidades para su
desarrollo integral, para la socialización y
para la educación formal y la falta de acceso
a la participación en igualdad de condiciones
en la vida colectiva.
Los datos sobre la delincuencia juvenil indican
que éste es un problema creciente.
Mientras que en 1997 se presentaron 17.420
procesos, en el 2001 llegaron a 22.429. Esta
cifra equivale al 9% del total de delitos por
autores de todas las edades, que fueron reportados
para el mismo año por la Policía
Nacional. Según datos del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, en el año 2000
el 37% (unos 8.000) de los menores de
edad vinculados a procesos en los Juzgados
de Menores y Promiscuos de Familia,
estaban privados de la libertad sin tener
definida su situación jurídica 40 .
La problemática fue mencionada en el
diagnóstico del 20% de los planes municipales
y en el del 28% de los planes departamentales.
Dos de cada diez planes
municipales y cinco de cada diez planes departamentales
que fueron analizados, incorporaron
un programa o proyecto
relacionado con este tema.
39 Unicef y Federación Colombiana de Municipios, Un
árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes.
Una propuesta para gobernar con enfoque de
derechos. Bogotá, Marzo 2004. pág. 99
40 Ibídem. pg. 84
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