La Formación Cívica y Ética - Subsecretaría de Educación Básica ...

cracia, lo que hará posible, en los estudiantes, descubrirse a sí mismos como
portadores de la condición de seres humanos dignos, además de futuros ciudadanos
con disposición a actuar de manera constructiva para una sociedad
democrática. Las anteriores, forman las condiciones para validar el cambio
político tendiente a democratizar todas las áreas de la vida social, ello significa
mejorar las condiciones de justicia y reconocimiento de los propios estudiantes
y profesores en las aulas.
En el contexto iberoamericano, países como Colombia, Chile, Argentina y
España son casos donde los modelos educativos centran su atención en el desarrollo
de las dimensiones de apropiación de la ciudadanía democrática mediante
tres ámbitos fundamentales: la presencia de los derechos humanos; generar
un saber práctico para hacer congruentes las prácticas sociales de respeto a la
dignidad de las personas con la vida democrática; por último, hacer explícitas
actitudes personales hacia la organización política, esto es, los comportamientos
que definen las percepciones dirigidas hacia el poder, congruentes con los
principios de la democracia, serán la base para transformar la idea de acción
política o, en otras palabras, imaginar otra manera de hacer política.
Ciertamente, en México el Programa Estratégico de Educación Cívica
2005-2010 impulsado por el Instituto Federal Electoral (IFE) trata de corregir confusiones
de comprensión y actitud hacia la democracia al proponer a esta
última como “un sistema de vida” (Programa Estratégico de Educación Cívica
2005-2010, IFE), pese a ello, sigue habiendo vacíos. Por lo pronto, la orientación
del programa del IFE, claramente de orientación liberal, acepta que la ciudadanía
tiene un rasgo eminentemente político, lo cual mantiene sin cambios los
reclamos básicos del multiculturalismo.
A manera de ejemplo, la experiencia de Colombia puede ayudarnos a
entender cómo las reformas formales en el orden constitucional son determinantes
–Colombia modificó su constitución en 1991– para la puesta en marcha
de políticas que favorecen la justicia, pero su efecto adquiere mayor impacto
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