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Patrimonio
Cultural
yturismo
CUADERNOS
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Bolfy Cottom
Diversidad y enfoques del patrimonio cultural
cana de Geografía y Estadística, al recibir denuncias de destrucción de monumen-
tos en Zempoala y Otumba, acordó crear una comisión que propusiera medidas
para su conservación. Así, el dictamen de la comisión presentado el 24 de septiembre
de 1859 por el doctor José Guadalupe Romero, entre otras recomendaciones
propone a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística suplique al gobierno
declare vigente la ley española (de Carlos IV), con las reformas que estime convenientes.
En 1862, el presidente Juárez solicitó que se elaborara un proyecto de
ley para evitar la destrucción y la exportación de antigüedades de la República: el
proyecto se vio frustrado por la intervención francesa.
El 3 de junio 1896 se expidió la primera ley sobre excavaciones arqueológicas,
que prácticamente dio facultad al Ejecutivo federal de autorizarlas o
no. Un año más tarde se promulgó la Ley sobre Monumentos Arqueológicos.
Coincidiendo con el pensamiento del doctor Julio César Olivé, marca el inicio
de la tradición jurídica mexicana, como estado independiente, pues declara por
primera vez que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación. A
pesar de que los bienes muebles tipo no quedaron suficientemente protegidos,
significó un paso de gran importancia. Entrada la Revolución, en 1914 el grupo
de intelectuales que siguió a Victoriano Huerta logró que éste promulgara una
ley sobre conservación de monumentos históricos, artísticos y bellezas naturales.
Por otra parte, en 1916 se elaboró otro proyecto que ampliaba la concepción
de monumentos históricos, y que debió firmar el primer jefe del ejército constitucionalista,
Venustiano Carranza.
Atendiendo una recomendación que hizo la comisión redactora del código
civil de 1928, y con base en un proyecto de ley elaborado por dos destacados
científicos y políticos de este país, el antropólogo y arqueólogo Manuel Gamio y
el sociólogo y abogado Lucio Mendieta y Núñez, se elaboró la primera ley posrevolucionaria
en 1930, que significó el inicio de una más completa protección al
patrimonio cultural. En 1933 se promulgó una nueva ley que estuvo vigente desde
el 20 de enero de 1934, la cual, entre otras cosas, avanzó al declarar que todos los
monumentos arqueológicos inmuebles eran del dominio de la nación, y confirió
carácter de inmuebles por destino a los objetos que se encontraran dentro de las
construcciones arqueológicas.
Así llegamos a la ley de 1968 denominada Ley Federal del Patrimonio Cultural,
la cual, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión, no
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