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VI / Los distintos rostros de la violencia cotidiana 235
La ley del pandillaje pernicioso
La legislación peruana referida a las pandillas refleja la imagen
negativa predominante que estos grupos juveniles tienen en la
opinión pública. Unas duras medidas represivas son el enfoque
dominante que las instituciones gubernamentales han adoptado para
contener la actividad pandillera en Ayacucho y otras partes del Perú.
En 1993, se promulgó el Código de los Niños y Adolescentes (CNA),
que puso la legislación peruana en línea con la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que Perú había ratificado en
1990. Pero las reformas posteriores a este código tuvieron como resultado
grandes retrocesos en lo que respecta a la defensa y el reconocimiento
de los derechos de los niños y adolescentes en este país.
En 1998, el gobierno de Fujimori promulgó una serie de “Leyes de
Seguridad Ciudadana”, que buscaban tomar medidas drásticas en
contra del “terrorismo” y el crimen organizado. Una de estas leyes, el
Decreto Ley N° 899, la Ley Contra el Pandillaje Pernicioso, fijaba
una pena obligatoria de internamiento en un centro juvenil para los
adolescentes que tomaran parte en “pandillas perniciosas”. Esta ley
define a una “pandilla perniciosa” como un “grupo de adolescentes
mayores de 12 años y menores de 18 años de edad que se reúnen y
actúan para agredir a terceras personas, lesionar la integridad física o
atentar contra la vida de las personas, dañar bienes públicos o
privados u ocasionar desmanes que alteren el orden interno”. Los
adolescentes condenados por estar involucrados en el “pandillaje
pernicioso” son inevitablemente sentenciados a internación hasta por
un período de seis años, en los casos de infracción agravada. El
Decreto Ley N° 899 fue posteriormente incorporado al Código de los
Niños y Adolescentes (Ley N° 27337) no obstante contradecir su
artículo 235, que estipula que la internación “se aplicará como último
recurso por el período mínimo necesario, el cual no excederá de tres
años”. La figura del pandillaje pernicioso” ha sido ampliamente
criticada por su naturaleza claramente represiva, su definición vaga
de la conducta delictiva y su incapacidad para reconocer las raíces
sociales de la violencia juvenil (p.e. CIDH, 2002). Con todo, ella seguía
vigente en el momento en que se redactaban estas líneas. Es más,