Desafíos actuales de la justicia penal - Asociación de Investigación ...

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Seminario Permanente sobre Realidad Nacional. XXIV Sesión Anual 2008 Para enfrentar a estos entes, surge en el año 2003 la iniciativa propuesta por organizaciones de la sociedad civil al Procurador de los Derechos Humanos sobre la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) 295 . El Procurador de los Derechos Humanos con el apoyo de la sociedad civil y del sector justicia elaboró una propuesta formal al gobierno del presidente Alfonso Portillo que derivó en un acuerdo internacional entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, durante la gestión gubernamental posterior –la del presidente Oscar Berger--–, el acuerdo que se envió al Congreso de la República para aprobación, no pasó el examen de constitucionalidad que se solicitó a la Corte de Constitucionalidad al emitir la opinión consultiva 296 . La Corte de Constitucionalidad estimó que el acuerdo pretendía otorgar facultades que, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponden con exclusividad al Organismo Judicial y al Ministerio Público, por lo que no era procedente otorgarle tales facultades a un órgano creado por medio de un convenio bilateral 297 . En el año 2004, el gobierno de la República, por medio del vicepresidente Eduardo Stein, retoma la iniciativa, estudia la opinión consultiva para integrarla a una nueva propuesta con el apoyo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y plantea el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que se configuró 295 La Rué Lewy, Frank. Op. Cit. Pág. 235. 296 Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado. Tomo I, Situación de los derechos humanos en Guatemala durante el año 2007. Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Guatemala, enero de 2008. Pág. 195. 297 Corte de Constitucionalidad. Opinión Consultiva emitida el 5 de agosto de 2004. Expediente 1250-2004. 256
como la iniciativa más consultada habida en cualquier proceso de negociación internacional en Guatemala 298 ; precisamente porque fue discutida, conocida y debatida en dos períodos gubernamentales y por diputados pertenecientes a dos legislaturas diferentes. Posteriormente, el Gobierno de Guatemala suscribió con la Organización de las Naciones Unidas el Acuerdo para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Nueva York, el 12 de diciembre del año 2006, el cual fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto número 35-2007, emitido el 1 de agosto de 2007 y ratificado por el Presidente de la República de Guatemala el 28 del mismo mes y año, con vigencia a partir del 4 de septiembre de 2007, por un plazo de 2 años que podrá prorrogarse según acuerdo escrito entre las partes. Asimismo, el 14 de septiembre de 2007, el Secretario General de las Naciones Unidas nombró al Fiscal del Tribunal Supremo de España, Carlos Castresana Fernández como Comisionado de la CICIG. Los objetivos fundamentales del Acuerdo son: Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal. Crear los mecanismos y procedimientos necesarios, que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. Crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en seguimiento a los 298 El cambio de nombre supuso también un cambio de concepción, dado que la protección que regulaba la iniciativa comprendía únicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos por las amenazas de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. El nuevo planteamiento extendió la protección a todos los sectores de la sociedad guatemalteca. La Rué Lewy, Frank. Op. Cit. Págs. 235 y 236. 257
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