Desafíos actuales de la justicia penal - Asociación de Investigación ...

Seminario Permanente sobre Realidad Nacional. XXIV Sesión Anual 2008
la correspondiente necesidad de habilitar los juzgados de
sentencia; tal reestructuración del sistema de administración
de justicia penal no ha sido asumida por las autoridades
jurisdiccionales por la carga económica que ello representa,
tanto por el aumento de personal como por la infraestructura
jurisdiccional, con lo cual devienen inaplicables las normas
de competencia establecidas en el Código Procesal Penal
desde hace más de seis años.
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1.9 Se insta a la CSJ que resuelva la creación de juzgados
de primera instancia y tribunales de sentencia
especializados con competencia para conocer
delitos vinculados al narcotráfico y crimen
organizado. Para la determinación de tales delitos
se recomienda atender las sugerencias de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala. Asimismo, se recomienda que a
iniciativa de la CSJ se adopten las medidas
legislativas que permitan la aplicación o derogatoria
de las reformas referidas, con fundamento en una
evaluación que involucre a todas las instituciones
del sistema de justicia penal.
El acceso de los pueblos indígenas al sistema de justicia en el
OJ no ha sido prioridad, lo cual se demuestra con los siguientes
aspectos puntuales: a) no se ejecutaron las acciones
contempladas en el eje de derecho consuetudinario
establecido por la actual magistratura de la CSJ en el Plan
quinquenal 2006-2010 (capacitación y estudio sobre viabilidad
de la aplicación del sistema de justicia en las comunidades
indígenas); b) el número de personal jurisdiccional bilingüe
maya no ha variado en tres años; c) el número de los
intérpretes no cubre todos los municipios del país; d) los
juzgados de paz comunitarios no han sido fortalecidos a fin
de superar las deficiencias establecidas en evaluaciones de
funcionamiento; y e) los estudios realizados por ASIES y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Guatemala, así como el de la
Defensoría de la Mujer Indígena, que evidencian una