Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las ... - Cepal

La esfera extrasectorial tendrá mayores responsabilidades
en el desarrollo de la agricultura.
En la región, la crisis alimentaria ha facilitado la visibilidad
de la agricultura y sus efectos sobre las economías
de los países. Los Ministerios de Hacienda y Bancos
Centrales de la región muestran una creciente preocupación
por los efectos inflacionarios, cambiarios y de déficit
público generados por el comportamiento del mercado
de los alimentos. Adicionalmente, los gobiernos destinan
esfuerzos a estudiar los posibles efectos de restricciones
comerciales a productos agrícolas que siguen prácticas
identificadas como no sostenibles.
Se espera así, en un futuro cercano, que en los Estados
de la región surjan políticas agrícolas que consideren la
participación de organismos gubernamentales extrasectoriales
que complementen la labor de los Ministerios
de Agricultura, y que cuya implementación se traduzca
en mejorías sustantivas de la calidad de vida de los productores
agrícolas.
La región avanzará hacia acciones efectivas y
oportunas de adaptación y mitigación al Cambio
climático.
Los países de la región continuarán desarrollando la institucionalidad
necesaria para enfrentar el cambio climático.
Centroamérica, el Caribe y la Comunidad Andina
cuentan con estrategias regionales de cambio climático.
A ello se suma que, actualmente, algunos países están
elaborando estrategias nacionales sectoriales de cambio
climático (Nicaragua, Chile, Uruguay y Perú). Ambos
instrumentos constituyen valiosas medidas que debieran
generalizarse en la región, puesto que establecen bases
sobre las cuales elaborar las políticas, así como coordinar
y priorizar las acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático para la agricultura.
Las medidas preventivas se irán imponiendo sobre las
medidas de emergencia. En este sentido, las acciones
tendientes a la gestión de riesgos de desastres (como la
reciente ley promulgada en Colombia) marcarán la pauta
en la agenda de cambio climático.
Los países deberán avanzar en la eliminación de subsidios
que afecten en forma negativa al medioambiente, y crear
medidas y tecnologías para disminuir emisiones de gases
de efecto invernadero. Este ámbito debe ser impulsado,
pues está aún en ciernes. De hecho, México es el único
país de la región que cuenta con una ley, de reciente
promulgación, destinada a la reducción paulatina de
las emisiones de dióxido de carbono. Brasil también
presenta avances en esta materia, a través del programa
Agricultura Baja en Carbono (Plan abc, 2010) destinado
a establecer metas voluntarias de reducción de Gases de
Efecto Invernadero en los agricultores.
El intercambio de información entre países será cada
vez más frecuente, previéndose la adopción de medidas
mancomunadas para enfrentar los impactos del cambio
climático y reducir sus efectos negativos. Esta tendencia se
podrá materializar a través del establecimiento de políticas,
programas, sistemas de vigilancia y de alerta fitozoosanitarios
bilaterales o subregionales en torno al tema.
La agricultura familiar será objeto de medidas especiales
para adaptarse al cambio climático, debido a las condiciones
de vulnerabilidad climática en las que vive una
parte de su población. En este sector, las acciones estarán
destinadas al promover el manejo sostenible de los
sistemas productivos.
A nivel nacional, se espera una mayor integración público-privada
para definir las acciones prioritarias a seguir
en las agendas de cambio climático.
Finalmente, y como parte de la estrategia de adaptación,
los países promoverán acciones tendientes a lograr un
cambio cultural en los ciudadanos respecto al cambio
climático y sus efectos sobre la agricultura.
Los países mejorarán los procesos de descentralización
del sector agrícola, fortaleciendo
la institucionalidad local
En la última década, la mayor parte de los Estados de la
región fueron sometidos a profundos procesos de modernización,
en donde la descentralización constituyó
la gran apuesta para mejorar la gestión de los gobiernos
y generó expectativas en los ciudadanos. No obstante,
en muchos países, este proceso ha sido problemático,
prevaleciendo en la actualidad altas dosis de centralismo
y una débil coordinación de políticas entre los distintos
Ministerios. A ello se suma que, en muchos casos, los
gobiernos locales no cuentan con los recursos y/o con las
capacidades suficientes para ejecutar las funciones que
se les atribuyen, lo que les impide realizar una adecuada
coordinación vertical de las políticas.
La optimización de los procesos de descentralización en
el sector agropecuario constituye una tarea ineludible al
más breve plazo. Ello obliga a que los países se aboquen
a superar los siguientes desafíos en el futuro cercano:
• Fortalecimiento de la institucionalidad local, lo que posibilitará
un mejoramiento de las capacidades físicas y
profesionales existentes, como también incrementos
presupuestarios para un adecuado cumplimiento de
sus funciones.
• Definición de funciones institucionales,
lo que permitirá
delimitar los campos de acción de cada institución,
definiendo facultades políticas y técnicas, así como
también visualizar posibles complementariedades y
sinergias interinstitucionales.
• Generación de nuevas instituciones “flexibles” , las que
podrán adecuar sus estructuras, de manera de responder
en forma óptima a las diversidades de los
territorios.
• Definición del territorio como la unidad de planificación
territorial, lo que se traducirá en el establecimiento
de agendas territoriales y de “acuerdos de gestión”
de diversa índole con los niveles superiores, que formarán
parte integrante de las agendas de gobierno y
contribuirán a visibilizar y expresar las potencialidades
del territorio.
• Desarrollo de mecanismos de coordinación y control
entre todos los niveles de gobierno, lo que permitirá un
uso más eficiente de los recursos públicos, aportará
a la transparencia de la gestión y a la coherencia de
las intervenciones públicas.
• Creación de espacios de participación ciudadana en
todos los niveles de la gestión pública, lo que validará
la gestión de los Estados en todos los niveles,
así como construirá visiones compartidas del sector
en el futuro.
La materialización de estos desafíos permitirá a los Estados
contar con una base institucional local fortalecida
y articulada con los distintos niveles de gobierno. Ello
contribuirá a mejorar la gestión pública, a generar procesos
de desarrollo económico y, por lo tanto, a reducir
los niveles de pobreza en los territorios.
Finalmente, es importante considerar que la profundización
de los procesos de descentralización requerirá de
apoyo al cambio cultural que implica la modificación de
la lógica histórica de trabajo de tipo centralista y sectorial
de los cuerpos técnicos de los niveles centrales, a otra
caracterizada por el diseño de líneas de acción que serán
materializadas en programas diseñados y operados por
el nivel territorial.
Recomendaciones de políticas
Mejorar los procesos de gobernanza y gobernabilidad
democrática, a través de impulsos a la
participación en las decisiones de política
En la Región se está asistiendo a un cambio importante
en el paradigma del desarrollo. Antes se buscaba limitar
los efectos regresivos de los modelos económicos; ahora
existe un interés por transformar el sistema económico,
donde lo social ya no es un elemento más, sino el eje
estructurador. En este contexto, la participación ciudadana
juega un papel central.
Sin embargo, una buena gestión de gobierno es una tarea
difícil de alcanzar, más aún en países en desarrollo. Al
analizar el funcionamiento de países que ostentan los
mejores índices de gobernanza, se observa un factor común
en su gestión: han incorporado a agentes relevantes
en la toma de decisiones, participando en este proceso
diversos actores representativos de la sociedad civil, del
mercado y del Estado. Los sectores público y privado se
están vinculando progresivamente en la formulación y
ejecución de las políticas. Queda de manifiesto, entonces,
la necesidad de la región de incrementar la participación
en las decisiones de todos los sectores sociales,
especialmente los hasta ahora marginados. Esto cobra
mayor sentido en el sector de la agricultura familiar, el
cual en la mayor parte de los países de la región ha quedado
excluido del proceso de formulación de políticas.
El fortalecimiento de la representatividad de este sector
constituye un factor determinante para impulsar y validar
políticas y programas para la agricultura.
La adopción de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza
Respon sable de la Tenencia de la Tierra, la
Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria
Nacionalrepresenta un instrumento para poder
reforzar los aspectos de una buena gobernanza en la
tenencia; esto puede repercutir directa e indirectamente
en el mejoramiento de los índices de buena gobernanza
en la agricultura familiar.
En la región ya se observan algunos avances en materia
de mejoría de la representatividad en el sector agropecuario,
como la Reunión Especializada de agricultura
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