Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las ... - Cepal

Ello implica, en primer lugar, dejar de considerar que los
recursos naturales son inagotables, e integrarlos por tanto
en el cálculo económico, a través de nuevos parámetros
que den cuenta de la dimensión física de las actividades
productivas (extracción de recursos, acumulación de
residuos, transformación de ecosistemas, entre otros).
En forma complementaria, es necesario intervenir en
múltiples niveles de organización, a nivel local, regional,
nacional e internacional, a través de regulaciones que
protejan el medio ambiente. En este último nivel, es de
particular importancia la reciente aprobación por parte
del Comité de Seguridad Alimentaria de la fao de las
“Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable
de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques
en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional”
(fao, 2012p), que establecen criterios universales para
una adecuada gestión de este problema y que constituye
el primer instrumento de alcance mundial sobre la
tenencia y su administración.
Por otra parte, es necesario mantener y profundizar el
acceso a la tierra, identificando al segmento de la pequeña
agricultura como un estamento especial, que debe ser
objeto de políticas públicas diferenciales y de amplio alcance:
reparto de tierras, asistencia técnica, riego, asociatividad,
infraestructura y créditos, entre otros. En forma
complementaria, es de particular relevancia profundizar
las políticas de regularización de títulos de propiedad, lo
que implica la generación de información a través de la
realización de catastros de tierras, el diseño de sistemas
jurídicos que garanticen los derechos de propiedad, y la
ejecución de proyectos de titulación que regularicen la
propiedad de miles de pequeños productores que mantienen
una ocupación de facto de sus tierras.
Es necesario destacar que la agricultura familiar tiene
una importancia estratégica en la economía, al igual
que las pyme en general. En el marco de una economía
plural, la consolidación de ambos segmentos pasa por
desarrollar un sector de economía solidaria y asociativa
que es significativo para la estabilidad económica y social
global, y que, por lo tanto, es de interés general.
Estas políticas también deben operar a nivel simbólico:
la magnitud de la tarea es de tal envergadura que es
necesario aprovechar las fuerzas del mercado para lograr
más equidad e inclusión social y más sustentabilidad ambiental.
Para ello, es necesario diferenciar la producción
campesina y la producción sustentable, utilizando sellos
de calidad. El rápido incremento de las preocupaciones
éticas, sociales o ecológicas constituye un fenómeno re-
ciente a nivel de los consumidores, que se muestran cada
vez más sensibles al comportamiento de las empresas y
a las modalidades de fabricación de los productos que
compran en el mercado. Para aquellos que participan de
esta tendencia, el precio pierde su substancia y deja de
ser el único parámetro para diferenciar entre un buen y
un mal producto. Gestionar esta sensibilidad en función
de objetivos ecológicos y sociales, constituye un espacio
de acción de gran potencial para las nuevas políticas
agrícolas.
En la economía inmaterial, la historia, la geografía, la
identidad étnica, los territorios y el patrimonio cultural
y paisajístico constituyen nuevos espacios, a partir de los
cuales es posible crear valor económico. Para alcanzar
esos objetivos es necesario valorizar dicho patrimonio, a
través de políticas públicas y privadas que lo mantengan
y mejoren, y a través de sellos y marcas culturales que lo
identifiquen frente a los consumidores y a la ciudadanía
en general.
Otro tanto debe hacerse con las demandas de tierra y
de recursos por parte de los pueblos indígenas. Aunque
existen analogías entre los desafíos que enfrentan los
pequeños productores y los pueblos indígenas en relación
a la agricultura y la economía, los problemas de
acceso a la tierra tienen un significado propio, asociado
a la recuperación de sus territorios originarios, como de
sus autonomías. Para procesar adecuadamente estas demandas
se precisa de espacios de diálogo y concertación
con los gobiernos centrales, que impliquen en primer
término, el respeto por los acuerdos internacionales en
materia de protección de los pueblos indígenas, como
el convenio nº169 de la oit. Pero además, este diálogo
no debe estar restringido al espacio del gobierno, sino
ampliarse al resto de la sociedad civil, de manera que
sea la sociedad en su conjunto la que converja en el
hallazgo de soluciones a las demandas de los pueblos
originarios, para que tengan sustento en el largo plazo.
De este diálogo debe surgir un amplio dispositivo de
políticas, validadas por todos los grupos de interés, con
el objetivo expreso de dar legitimidad y sustentabilidad
a un proceso de reforma y de desarrollo que perdure en
el tiempo.
Todas estas iniciativas pasan por el fortalecimiento de
las instituciones y el desarrollo de nuevos marcos regulatorios
para preservar el medio ambiente, planificar el
uso del territorio, regular la compra de tierras por parte
de los Estados y de compañías extranjeras, así como los
desplazamientos transfronterizos. Para todos estos efec-
tos, es clave contar con información actualizada acerca
de lo que realmente está sucediendo en el medio rural,
lo que implica realizar Censos Agropecuarios en forma
regular, de modo de poder entender la dinámica de cambios
estructurales, y de caracterizar al mismo tiempo a
los productores agrícolas, condición necesaria para la
implementación de políticas públicas adecuadas.
En relación al fenómeno del acaparamiento de tierras
propiamente tal, es necesario instalar capacidades de
seguimiento y monitoreo en cada país y a nivel regional,
así como también diseñar regulaciones nacionales e
internacionales que eviten la adquisición de grandes extensiones
de tierras, realizadas bajo una lógica puramente
privada, en forma poco transparente y sin contar con la
participación de todos los actores involucrados. Estas
medidas son fundamentales para evitar críticas políticas
y conflictos sociales que sólo generarán incertidumbre
jurídica para estas inversiones.
Para enfrentar el problema de la urbanización de los
espacios rurales es necesario, en primer lugar, una nueva
conceptualización de lo urbano, lo rural y lo periurbano,
la que debe recoger los avances que se han realizado en
los últimos años acerca de las nuevas funciones econó-
micas que cumplen los espacios rurales (infraestructura,
servicios, belleza escénica, funciones ambientales, entre
otros) y las ciudades intermedias en la dinamización de
la vida rural. Junto a ello, se deben implementar planes
de ordenamiento territorial en cada municipio rural de la
región, los cuales deben ser la expresión de una reflexión
conceptual más madura acerca de las políticas de ordenamiento
territorial, las que son indispensables para evitar
los problemas que se producirán con toda seguridad si
no se hace una adecuada planificación.
Finalmente, es necesario fortalecer programas de instalación
de jóvenes en medio rural, pensando que en 20 o
30 años más el hecho de seguir viviendo en medio rural
será el resultado de una opción de vida, más que una
imposición que surge de circunstancias heredadas, como
lo es en la actualidad. El desafío es lograr una renovación
de los recursos humanos que laboran en el agro, que haga
posible avanzar hacia una profesionalización progresiva
de los agricultores de la región. En tal sentido, el Estado
debe desarrollar programas de infraestructura (tic´s,
caminos, educación, otros) que mejoren la calidad de
vida de la población rural, facilitando así las opciones
de los habitantes rurales del futuro.
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