Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las ... - Cepal

propiedad de la tierra fracasaron, debido fundamentalmente
a que el capital internacional que se requiere
para el desarrollo estructural en el sector turístico, no
necesita revelar la nacionalidad de sus propietarios.
• El Gobierno de Trinidad y Tobago invitó a Alcoa a
construir una fundición de aluminio de us$ 1.500 millones
en 1.340 hectáreas, en Chatham/Cap-de-Ville,
una zona previamente clasificada como de uso agrícola.
El plan fue entendido como un “acaparamiento”
de tierras interno facilitado por el Estado y provocó
un escándalo entre los campesinos y pescadores que
previeron problemas de salud, además de la pérdida
de ingresos y de fuentes de sustento. Finalmente, el
siguiente Gobierno retiró el proyecto.
La resolución de conflictos se podrá abordar a
partir de cambios en el uso del suelo
Las zonas costeras son un activo importante para los
ciudadanos caribeños, como fuente de sustento (pesca,
camaroneo), recreación (playas), comercio con islas vecinas
y sobrevivencia en caso de desastre (accesibilidad a
apoyo de emergencia externo). De manera tal que cuando
surgen conflictos a partir de usos alternativos del suelo en
estas zonas, como en el caso de los proyectos turísticos
(hoteles), la situación se complica debido a temas legales,
responsabilidades sociales y derechos económicos.
Sin embargo, hay ejemplos de soluciones adecuadas mediante
acuerdos “voluntarios” entre los diversos actores,
donde el foco de atención se pone en acciones concretas de
cumplimiento para reducir la zona de conflicto, en lugar
de permanecer en un proceso interminable de discordias.
La factibilidad de ese mecanismo está comprobada en el
área de gestión marina Soufriere (smma, por sus siglas en
inglés) (www.smla.org.lc) en la costa occidental de Santa
Lucia. El smma comprende 11 kilómetros de costa que fue
zonificada voluntariamente en cinco tipos de usos: reservas
marinas, áreas de prioridad pesquera, atracaderos de yates,
áreas recreacionales y áreas multiuso. Estas zonas fueron
definidas para atender a la diversidad de usos del área,
decisión que redujo los conflictos entre los usuarios, protegiendo
al mismo tiempo los recursos marinos críticos.
Se medirá el impacto de los entornos con alto valor
natural
En el Caribe también hay sitios críticos que no han sido
declarados “áreas protegidas” porque la ley (donde la hay)
es demasiado restrictiva y políticamente controvertida.
La ausencia de una designación legal no reduce el alto
valor natural de estos paisajes, entre los que se incluyen
cuencas, humedales y arrecifes de coral, todos los cuales
proporcionan servicios ecosistémicos vitales.
Un instrumento nuevo en este ámbito es el “Índice de Alto
Valor Natural” (hnvi, por sus siglas en inglés) (Williams,
2011), que evalúa el impacto y mejora la contribución de
las prácticas agrícolas a la estabilidad ecológica del paisaje.
El hnvi puede jugar un rol fundamental al encontrar un
terreno común entre las necesidades de las comunidades
rurales de mejorar la productividad agrícola y los ingresos
rurales, y el deseo de reducir los impactos ambientales
negativos de la actividad económica en esas zonas sensibles.
El desafío actual es institucionalizar el hnvi como
herramienta de aplicación disponible a un espectro más
amplio de actores y contribuir a expandir la base de actores
responsables en estos entornos.
Las políticas destinadas a superar la pobreza rural
deberán incluir la tenencia de la tierra
Los desafíos del Caribe en cuanto a la pobreza también
deberán ser abordados por políticas en las cuales la tierra
sea el instrumento central de implementación. Este es el
concepto de “pobreza de recursos” que mide factores como
acceso a vivienda, salud, educación y tierra. Por ejemplo,
Granada es uno de los países caribeños más pequeños
–con 33.994 hectáreas– donde el Estado posee menos del
10% de la tierra y el 32% de la población es pobre. Si bien
su foco de atención son las necesidades habitacionales,
la Política y Estrategia de Vivienda del Sector Público de
Granada (Grenada, 2002), considera que los siguientes
factores relacionados con la tierra influyen en la solución
al problema de la vivienda:
• Los granadinos tienen una cultura de propiedad familiar
que complica el otorgamiento de títulos y desincentiva
la subdivisión y la venta;
• La economía ha estado sujeta a cambios desde la agricultura
rural a la prestación de servicios urbanos, lo que
asigna una prima a tierras ubicadas en áreas cercanas
al desarrollo económico;
• Los precios de la tierra han aumentado drásticamente
en las últimas dos décadas, debido principalmente a
la relativa escasez de sitios habitables, al crecimiento
demográfico y económico, y a las inversiones de emigrantes
granadinos y no granadinos en viviendas para
la jubilación;
• La ausencia de información sobre los planes de uso
del suelo probablemente limita las iniciativas privadas
y públicas, que de ser factibles, aportarían nuevas
tierras al mercado inmobiliario.
Sin embargo, el tema de la pobreza de recursos no es
menos desalentador en una de las economías más ricas
del Caribe. Los datos disponibles del censo de Trinidad
y Tobago indican que el 47,1% de los hogares no cuenta
con un título de propiedad adecuado de la tierra en
la que está construida su vivienda. Esto representa a
141.468 familias o una población total de aproximadamente
576.959 personas. En teoría, se supone que al
mejorar la seguridad de la tenencia, esos hogares podrían
aumentar su acceso a créditos para fines de renovación
habitacional, y que ello aportaría a garantizar la protección
legal de cualquier inversión realizada.
Un estudio sobre el financiamiento habitacional en Trinidad
y Tobago (Auguste et al., 2011) reveló las complejidades
de la tenencia de la tierra y de viviendas asequibles.
El informe señaló que durante una época de
fuerte crecimiento económico, mientras los precios de
la vivienda se fueron a las nubes, la demanda por préstamos
hipotecarios seguía siendo baja. En ese sentido,
el estudio dio a entender que los precios de las viviendas
aumentaron más rápidamente que los salarios, lo que
generó problemas de asequibilidad que caracterizan a la
dinámica del déficit habitacional.
Es claro que la economía del mercado inmobiliario serviría
para atraer compradores y proveedores hacia la parte
superior de la escala de las necesidades habitacionales.
Pero entonces surge un problema secundario en torno a
las medidas que toma el Estado con el fin de disponer de
terrenos para construir viviendas “asequibles”. El conflicto
emerge cuando el gobierno pretende disponer de antiguas
tierras agrícolas para la construcción de viviendas
sociales. Si bien el reclamo debido a la pérdida de tierras
de cultivo es atendible, es un hecho que las viviendas y
los poblados no pueden instalarse en zonas demasiado
distantes de la infraestructura social (caminos, escuelas,
hospitales, centros policiales, entre otros).
La “enfermedad holandesa” en el Caribe
La región del Caribe ha sido identificada como un sitio
importante de trasbordo de drogas ilícitas hacia Estados
Unidos y Europa. Esta actividad no sólo está contribuyendo
al aumento de la violencia, sino también a la
acumulación de fortunas considerables entre los narco-
traficantes. Un estudio sobre el tráfico de drogas en el
Caribe realizado por el Consejo de Asuntos Hemisféricos
(coha, por sus siglas en inglés) en 2011 (Beale, 2011), concluyó
que los paisajes naturales y la dispersión geográfica
del Caribe constituye un atractivo para los narcotraficantes.
Las islas tienen la ventaja de la falta de control
administrativo a lo largo de extensas costas y territorios
montañosos poco accesibles, los que resultan ideales
para el cultivo y el transporte de narcóticos. El lavado
de dinero de los ingresos ilícitos a través de inversiones
inmobiliarias también se está convirtiendo en motivo
de preocupación, tanto en términos de la estabilidad
económica, como del aumento en los precios de la tierra
(Dominicantoday.com, 2011). Por lo tanto, este aumento
de precio no necesariamente se debe a una asignación de
mercado eficiente del suelo hacia otros usos.
El estudio sobre la política de vivienda mencionado
más arriba sugirió que el aumento en los precios de la
tierra en Trinidad y Tobago era el resultado de las presiones
de la “enfermedad holandesa”, a partir de ingresos
considerables por concepto de exportaciones del sector
energético. Pero eso no explica el alza en el precio de la
tierra para fines de vivienda en otras islas del Caribe que
carecen de un sector de energía importante. Es posible
que estemos frente a una variante de la “enfermedad
holandesa” conforme al cual un sector “no-productivo
generador de ingresos” (el tráfico de drogas) provoca
distorsiones mediante actividades desmedidas de consumo,
acumulación e inversión:
Valores de las propiedades y patrones de propiedad
inmobiliaria;
150 Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas –cepal fao iica– Una mirada hacia América Latina y el Caribe 151
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Oportunidades económicas y asignación de recursos
dirigidas por el mercado;
Luchas internas por la protección de las riquezas entre
grupos de ingresos bajos (pandillas y armas).
Determinar la respuesta correcta es tan difícil como discernir
la naturaleza y el origen del problema. Las economías
caribeñas son economías de libre mercado, con
fuertes influencias que van desde la esfera económica a la
política. La gestión de los cambios estructurales inevitables
en la economía y en el sistema político conducentes
a garantizar la estabilidad social y económica continuará
sujeta a desafíos, debido a las distorsiones de corto plazo
generadas por una acumulación desproporcionada de
riquezas.