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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
derecho público, y en particular en lo concerniente a los derechos humanos, resulta fundamental para
asegurar el reconocimiento de los efectos normativos de las constituciones modernas.
Como podrá notarse más adelante, la claridad en el contenido de los derechos humanos reconocidos
en un Estado así como de las obligaciones que los mismos imponen a las autoridades estatales, permite
advertir el alcance y los límites que pueden exigirse a un Estado para lograr una verdadera materialización
de los derechos humanos. Así, a través de un análisis integral (derechos-obligaciones) como el que
se propone, se podrá responder ante una problemática particular: ¿qué conducta deben adoptar las y los
distintos agentes del Estado?; ¿cómo debería materializarse dicha conducta?; ¿ante quienes se encuentra
obligado?; ¿cuándo deben adoptar tales agentes dicha conducta? A través de la aproximación sugerida,
el problema en estudio se convertirá en un caso de derechos humanos. 5
Cabe señalar que los derechos humanos y las disposiciones normativas que los contienen, son instrumentos
vivos 6 que deben adaptarse a las exigencias de un tiempo, lugar y contexto determinado. En
consecuencia, no puede, y no debiera pensarse en una respuesta única –o un “comodín” de soluciones–
para todas las problemáticas atinentes a derechos humanos que se presentan día con día. Por el contrario,
una respuesta razonablemente adecuada, dependerá de los hechos de cada caso pero, siempre con
apego a los estándares tanto nacionales como internacionales que aseguren la mayor protección posible
de los derechos humanos en cada caso.
No obstante lo anterior, todas y cada una de las respuestas frente a las problemáticas anteriormente
planteadas deberán situarse en un umbral de razonabilidad que se encuentre conforme con todas aquellas
disposiciones, reglas y principios que integran el corpus juris 7 de los derechos humanos. 8
En armonía con lo anterior, y respecto a la problemática sufrida por la señora Ariana Hernández, una
de las primeras medidas a adoptarse se relaciona con la delimitación de las circunstancias particulares
del caso. Es decir, para identificar el alcance del actuar exigible a cada una de las autoridades del
Distrito Capital en el estado de Janitzio deben considerarse aquellos factores que pueden influir en la
resolución del caso.
5 cdhdf, Investigación de violaciones a derechos humanos. Presupuestos y manual de métodos y procedimientos, op. cit., p. 58, en
Ortega Soriano, Ricardo Alberto y García Huerta, Daniel Antonio, Documentación de violaciones a los derechos humanos, Programa
de Capacitación y Formación en Derechos Humanos, Fase de Formación Profesional, Servicio Profesional en Derechos Humanos,
cdhdf, México, 2012, p. 21.
6 Véase Corte idh, Caso de “los Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de
1999, serie C, núm. 63, párr. 193; Corte idh. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia 17 de junio de 2005, serie C, núm. 125, párr. 125; Corte idh. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa
Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 noviembre de 2012, serie C, núm. 257, párr. 245.
7 Para un acercamiento inicial a la noción del corpus iuris de los derechos humanos véase oacnudh-Colombia, Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano 2000, Bogotá, oacnudh-
Colombia, 2004, p. 55-85.
8 Lo anterior implica que toda conducta realizada por el Estado debe estar encaminada al logro de la mayor protección de los derechos
humanos de las personas dentro de su territorio considerando todas aquellas disposiciones y fuentes del derecho de los derechos
humanos que resulten aplicables al caso en concreto de conformidad con los estándares nacional e internacionales más altos. Es decir,
el Principio Pro Persona –desarrollado ampliamente en el módulo 1 de esta Metodología– necesariamente debe regir la conducta y
armonizarse con los demás conceptos, interpretaciones, principios y obligaciones consagrados con la reforma constitucional.