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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
En tales fuentes se denunciaba el factor común de invisibilización de la violencia contra la mujer impulsada
por una enraizada dinámica de violencia estructural contra las personas de dicho sexo. Incluso
la Asociación se encargó de solicitar a la Fiscalía Centralizada de Investigación del Distrito Capital
información sobre las denuncias recibidas entre 1995 y 2010 relativas a delitos vinculados con posibles
violaciones a la vida y a la integridad desagregadas por sexo.
Atendiendo a estos elementos ¿considera usted que podía haberse exigido otra conducta por parte de las
autoridades estatales?, las autoridades de Janitzio ¿tenían que haber actuado en atención a los posibles
patrones denunciados por la Asociación? Estima usted que si el Estado hubiese atendido diligentemente
los elementos referidos ¿las violaciones a los derechos humanos de la señora Ariana hubiesen sido previsibles
y, en consecuencia, evitables?
Si analizamos situaciones como la que hemos comentado en nuestro caso bajo el enfoque de la protección
integral, el deber específico de prevención supondría un segundo nivel de aseguramiento respecto
de la obligación genérica de proteger 80 pues ya no bastará con que el Estado diseñe marcos normativos
y de política pública que ofrezcan una protección amplia a los derechos humanos de las personas, sino
que se requerirá que vaya más allá, exigiendo de las autoridades del Estado el desarrollo e implementación
de una serie de conductas y actividades específicas que contribuyan a dicho fin.
Para ejemplificar este segundo nivel de aseguramiento vale la pena señalar que la Corte idh ha considerado
que el deber específico de prevención implica una obligación de medio o comportamiento 81 ya
que si bien su cumplimiento no exige un determinado resultado, sí impone al Estado la movilización de
todo su aparato gubernamental a fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.
De manera más puntual, el mismo tribunal interamericano estableció en el Caso González y Otras
(Campo Algodonero) vs. México que el deber específico de prevenir a cargo del Estado conlleva a que sus
autoridades lleven a cabo una aplicación efectiva del marco jurídico existente y cuenten con políticas
de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias que se planteen por
violaciones a derechos humanos. 82
Aunado a lo anterior, a diferencia de la obligación genérica de proteger, la cual supone el diseño de marcos
normativos que permitan asegurar en un nivel estructural la salvaguarda de los derechos humanos,
el deber específico de prevención tendría que partir de la necesidad de asegurar tanto en la legislación
como en la práctica, aquellas medidas que permitan hacerlos efectivos, 83 pues tal como lo ha señalado
80 Víctor Abramovich y Christian Courtis, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares
internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales” en Abregú, M., y Courtis, C., La aplicación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, Editorial Del Puerto/CELS, Argentina, 1997, pp. 283-350.
81 Corte idh, Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 175.
82 Corte idh, Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de
16 de noviembre de 2009, serie C, núm. 205, párr. 258.
83 onu, Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 31 Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados
Partes en el Pacto, aprobada por el Comité de Derechos Humanos en su resolución CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 durante su lxxx
periodo de sesiones, Ginebra, Suiza, 29 de marzo de 2004, párr. 13.