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El deber específico de prevención
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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
La doctrina y los tribunales internacionales han profundizado en la necesidad de reflexionar sobre la
manera de asegurar niveles diferenciados de protección e intervención por parte del Estado.
Particularmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh), al resolver el primero
de los casos sometidos ante su jurisdicción, estableció que en el marco de la obligación de garantía 75
establecida en el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los Estados tienen
a su cargo ciertos deberes específicos para asegurar el adecuado ejercicio de los derechos humanos.
Específicamente los deberes de prevenir, investigar, sancionar y, en su caso, reparar todos aquellos daños
derivados de violaciones a derechos humanos 76 cometidos ya sea por agentes estatales o por entes
particulares.
A juicio de dicho tribunal interamericano, el deber específico de prevención se traduce en:
“el desarrollo de todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan
la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible
de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus
consecuencias perjudiciales.” 77
De esta manera, el deber específico de prevención impone a los Estados la obligación de actuar con la
debida diligencia a fin de evitar conductas que puedan violar derechos humanos o, en su caso, que puedan
contribuir a la consumación de las mismas. 78 De igual forma, las acciones de prevención derivadas
de este deber específico deben responder a una perspectiva integral de protección capaz de contrarrestar
y combatir los factores de riesgo así como de fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar
respuestas efectivas frente a situaciones de riesgo. 79
Regresemos a los hechos de nuestro caso, desde el 2000 diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas
a la defensa de los derechos de las mujeres en Janitzio comenzaron con la realización anual de
informes sobre la situación de los derechos de las mujeres en dicho Estado, destacando que en el 2003
hubo un incremento en los casos de violencia doméstica según diversas denuncias anónimas y ciertos
comunicados de prensa.
75 No está por demás reiterar que para la Corte idh al menos nominalmente, tanto la obligación de protección como la de promoción
se enmarcan dentro de la obligación genérica de garantía, no obstante como se ha visto en el desarrollo de este apartado, en realidad
dicho Tribunal Interamericano se ha hecho cargo del desarrollo de la obligación de protección.
76 Corte idh, Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, serie C, núm. 4, párr. 166.
77 Ibidem, párr.175.
78 Gabriela Rodríguez, “Normas de responsabilidad internacional de los Estados”, en Claudia Martin y Diego Rodríguez-Pinzón et. al.
(comps.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Fotamara/Universidad Iberoamericana/American University, p. 72
79 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Carlos María Pelayo Möller, “La obligación de ‘Respetar’ y ‘Garantizar’ los derechos humanos a la luz
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Análisis del artículo 1º del Pacto de San José como fuente convencional del derecho
procesal constitucional” en Estudios Constitucionales, año 10, vol. 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile–Universidad de
Talca, 2012, p. 157.