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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
De esta forma, lo que se propone de entrada es la toma de conciencia de que, desde una perspectiva
respetuosa de los derechos humanos, no existe una única respuesta prestablecida para solucionar el caso
de la señora Hernández. El referente que existe es la obligación ineluctable de toda autoridad de realizar
un análisis integral del caso que se presenta.
Ahora bien, es necesario precisar cuál es la importancia de abordar los deberes específicos que está
obligado a cumplir todo Estado en un diálogo constante con las obligaciones genéricas –de respeto,
protección, garantía y promoción–, que son el mandato irrenunciable para toda autoridad en materia
de derechos humanos.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha advertido la importancia
de reconocer las obligaciones que tienen las autoridades conforme al artículo primero constitucional
sosteniendo que:
[…] todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen
atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho
humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán
dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos
para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos. 9
Énfasis fuera del texto original
Lo anterior supone la necesidad de tener presente la relación entre obligaciones genéricas y deberes
específicos, como se expresa en la interpretación del párrafo constitucional realizada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (scjn):
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Énfasis fuera del texto original
9 Véase scjn, Derechos humanos. Obligaciones constitucionales de las autoridades en la materia, tesis aislada, 10ª época; 1ª sala;
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro ix, junio de 2012, tomo 1, p. 257.