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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
a la luz de dichos estándares, el Ministerio Público hubiese tenido razón al calificar los hechos como un
“asunto privado” y en consecuencia irrelevante para el análisis jurídico de sus obligaciones?
Los estándares anteriores relativos a la debida diligencia resultan aplicables no sólo al deber específico
de prevenir sino también a toda conducta del Estado frente a casos de violencia contra las mujeres,
en consecuencia, los mismos deberán ser tomados en cuenta al analizar los dos deberes específicos
restantes.
El deber de investigar
Como se ha expuesto a lo largo del presente módulo, la obligación genérica de proteger 106 impone al
Estado el deber específico de investigar toda situación en la que se hayan vulnerado derechos humanos,
ya sea por parte de agentes estatales o particulares que actúen con la aquiescencia o tolerancia del Estado.
Es decir, este deber se mantiene cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse
la violación, 107 siendo incluso válido frente a particulares que actúen impunemente en menoscabo de
los derechos humanos. 108
Al igual que la de prevención, la investigación es una obligación de medio o comportamiento, lo cual
significa que no es incumplida por el solo hecho de que ésta no produzca el resultado esperado por
alguna de las partes involucradas. 109 No obstante lo anterior, la responsabilidad del Estado puede verse
comprometida cuando las violaciones a los derechos humanos no son investigadas con celeridad y seriedad,
pues de lo contrario, las presuntas violaciones se consideran auxiliadas por el poder público y,
en consecuencia, esa falta de debida diligencia significará entonces el incumplimiento de la obligación
de protección a cargo del Estado. 110
Reforzando lo anterior, “la investigación no debe emprenderse como una simple formalidad condenada
de antemano a ser infructuosa, sino que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio,
es decir, no como una simple gestión de intereses particulares, sujeta a la iniciativa procesal de la víctima
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la verdad”. 111
106 Como ya se ha señalado ésta se encuentra subsumida en la obligación genérica de garantizar de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte idh.
107 Corte idh. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
16 de noviembre de 2009, serie C, núm. 205, párrs. 287-290.
108 Corte idh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, serie C, núm. 4, párr. 177.
109 Corte idh. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de febrero de 2012, serie C, núm. 240, párr. 203.
110 Corte idh. Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2012, serie C,
núm. 247, párr. 83.
111 Corte idh. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de febrero de 2012, serie C, núm. 240, párr. 203.