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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso ciertos obstáculos de hecho que se presenten en la
práctica de las autoridades pueden contravenir las obligaciones a cargo del Estado de la misma forma
en que pueden hacerlo aquellos impedimentos legales o normativos. 84
Si observamos los hechos de nuestro caso desde los “anteojos analíticos” que han planteado, si se considera
que de las propias estadísticas generadas por la Asociación y las aportadas por la Fiscalía Centralizada,
se había presentado un incremento en los casos de violencia doméstica y, en cuanto a las denuncias
por delitos que atentaran contra la vida e integridad personal, también hubo una mayor presencia de
mujeres ¿las autoridades del estado de Janitzio y particularmente del Distrito Capital debieron fortalecer
las medidas de protección respecto de las mujeres en dichas demarcaciones? O ¿consideraría usted
que el agente del Ministerio Público tuvo en consideración estos elementos para buscar resarcir las fallas
estructurales que hasta ese momento existían en Janitzio?
Ahora bien, el análisis realizado por la Corte Interamericana ha fusionado la obligación genérica de
proteger con el deber específico de prevención. Esto puede explicarse a partir de lo señalado antes, la
Convención Americana sobre derechos humanos no reconoce explícitamente la obligación genérica de
proteger, situación que ha obligado al tribunal interamericano a incorporar la misma como parte de la
obligación genérica de garantía.
Sin embargo, es importante recordar que existiría una segunda forma de entender el deber específico de
prevenir distinta a esta asimilación a la obligación genérica de proteger la cual sería aplicable en casos de
riesgos reales e inminentes o en virtud de las condiciones de vulnerabilidad en las que se ubican algunas
personas. En este supuesto, se hace patente la urgencia de que el Estado desarrolle e implemente un deber
muy específico de protección con el objetivo de evitar la consumación o propagación de los efectos
derivados de violaciones a derechos humanos. Este deber específico de protección frente a condiciones de
riesgo materializa en realidad la auténtica razón de ser del llamado deber específico de prevenir.
84 Véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Airey vs. Ireland, Application núm. 6289/73, Sentencia de 9 de octubre de 1979,
p. 11.