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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
En lo que se refiere a la proximidad de la persona agraviada o en riesgo de serlo con las autoridades, es
importante no olvidar el papel de garante que juega el Estado en relación con los derechos fundamentales
de las personas. Desde este enfoque, las autoridades del Estado no pueden excusarse de proteger
derechos humanos bajo el argumento de que dichas violaciones no fueron ocasionadas por algunos de
sus agentes, pues como se señaló en un inicio, la dimensión objetiva de los derechos humanos permea
en todo el ordenamiento jurídico, incluso en aquellas relaciones que surgen entre particulares.
Aunado a lo anterior, la proximidad de las autoridades con las personas agraviadas o en riesgo de serlo
puede plantearse desde dos perspectivas. La primera cuando el Estado tiene conocimiento de un riesgo
que puede conllevar la vulneración de derechos humanos y no realiza ninguna acción para contrarrestarla
(omisión), o bien, cuando las acciones llevadas a cabo por sus autoridades resultan deficientes o
insuficientes para proteger a la persona involucrada de afectaciones por parte de terceros, ya sean actores
públicos o privados, aún denunciado el riesgo o situación (negligencia). 92
La segunda de las situaciones es mucho más clara en los casos de violencia doméstica que sufren las
mujeres, cuando a pesar de que éstas hubieren denunciado el maltrato y las agresiones, las autoridades
del Estado no llevan a cabo las acciones necesarias para separarlas y protegerlas de sus agresores y en
muchas ocasiones pierden la vida por actos de venganza o rencor a manos de sus parejas. Dicha cuestión
se presenta aún más nítida si se atiende a los hechos del caso pues finalmente, el iad-Mujeres fue
creado para resguardar los derechos de las mujeres en el estado de Janitzio, no obstante, las autoridades
no tomaron en consideración la denuncia de la víctima dejándola de lado por un formalismo que pesó
más que la posible afectación a los derechos humanos de la señora Ariana.
Por último, y en lo que respecta a la necesidad de que el deber específico de prevenir no constituya una
carga desproporcionada para el Estado es posible señalar que dicha situación puede tener cabida cuando
el Estado no hubiese tenido conocimiento a tiempo del riesgo que se denuncia, 93 cuando las acciones
derivadas de dicho deber pueden interferir de manera grave con el ejercicio de los derechos humanos de
otras personas o grupos, o bien, aunque con ciertas reservas, cuando implique la utilización de recursos
económicos que sobrepasen la capacidad presupuestaria del Estado. 94 Sin embargo, tales consideraciones
deben analizarse de acuerdo al caso en concreto y no pueden constituir una excusa en abstracto
para que el Estado incumpla con su obligación de proteger de manera inmediata, específica y concisa
los derechos de las personas frente a situaciones de riesgo reales e inminentes.
En este sentido, si observamos el tiempo transcurrido entre la denuncia presentada por la hermana de
la señora Hernández y la comisión de la segunda transgresión por parte de su exesposo (tres meses),
considerando la gravedad de lo denunciado ¿estima usted que la carga era desproporcionada para las
autoridades estatales considerando su posición de garantes? ¿por qué?
92 Ibidem, pp. 39 a 45.
93 Corte idh, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de agosto de 2010,
serie C, núm. 214, párr. 188. Asimismo, véase Corte idh, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones,
Sentencia de 27 de junio de 2012, serie C, núm. 245, párr. 245.
94 John Murphy and Christian Witting, Street on Torts, op. cit., p. 62.